Espacio Jurídico de Ramón Maciá Gómez

Durante casi 20 años ejercí como Juez y Magistrado en el ámbito penal de la Administración de Justicia. Era y es mi vocación pero, por algún motivo, nunca fue mi medio. Me explico, la verdad es que ya desde los estudios de la “Oposición a Judicaturas” me sentía como un “bicho extraño”, un “outsider” que se diría hoy.

Y claro, todo acabó mal cuando yo me cansé de la toga judicial y  me salí, me sacaron, de la “Carrera Judicial” sin que nadie me hiciera una “fraternal comida de despedida”.

Para resumir lo anterior basta con escuchar el poema de Goytisolo que canta, otra vez, P. Ibáñez… “por mi mala cabeza“.

Fuera del mundo judicial me he sentido mucho mas liberado y he trabajado mucho mas fecundamente, opino yo. Aquí van algunos de los cientos de textos, artículos de revistas jurídicas, que ahora me dedico a escribir y con los que me gano la vida.

A modo de ejemplo;

EL DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Iº.- INTRODUCCIÓN.

En términos generales, la divulgación de cualquier información referida a un producto o un servicio indicando sus cualidades y/o incitando a su consumo o a su uso puede ser considerada como publicidad. Mas concretamente, la publicidad es aquella difusión de información de un objeto, prestación o comportamiento cuando se efectúa por medio de los llamados medios de comunicación, entendiéndose por tales los mecanismos o formas capaces de una extensa divulgación entre la generalidad de la ciudadanía, o en un ámbito cualificado de la misma, con la finalidad de promover su negocio, consumo o práctica.

Dado lo amplio de los anteriores enunciados, aquí conviene limitarnos, desde un principio, al concreto concepto de “publicidad comercial”, que es aquella que tiene como último propósito el de fomentar la adquisición de bienes o servicios, procurando modular específicas preferencias entre los consumidores y generar, en definitiva, un beneficio relacionado con la actividad del fabricante o comerciante del mismo. No constituye publicidad comercial la propaganda política, la publicidad institucional o el proselitismo ideológico que buscan la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas, es decir, comunicación ideológica no vinculada necesariamente a productos y cuya finalidad radica en fomentar ciertasconvicciones, conductas sociales, hábitos o comportamientos mientras que la publicidad, como seguidamente veremos, en definitiva siempre persigue la obtención de beneficios materiales, basándose en criterios mercantiles.

No podemos ignorar el aspecto peyorativo que, en la actualidad y en determinados círculos, se le atribuye a la publicidad,

-                       ya sea porque constituye un artificioso elemento que dificulta la certidumbre de nuestras comunicaciones en sociedad,

-                       ya sea porque la misma puede recaer sobre ciertos productos que no necesariamente coinciden con los de mejores cualidades,

-                       ya sea porque se le atribuye alguna incidencia en nuestra libérrima elección como consumidores o usuarios o

-                       ya sea porque se vinculan al consumismo innecesario,

aspectos estos sin incidencias legales, en principio, relevantes y que eludiremos en este texto siempre que no sean fruto de deliberadas manifestaciones falsas o inciertas. En efecto, desde la óptica legal, hay que hacer la muy rotunda afirmación de que la publicidad, como expresión de comunicación que es, no es susceptible de valorarse positiva o negativamente sino es en aquellos casos en que se constituye como conductas mendaces o falsarias y aptas para generar perjuicios probados y graves en los consumidores y que el Legislador ha señalado como ilícitas o ha tipificado como delitos. A este respecto hay señalar que, pese a que nos hemos referido a un “producto o servicio”, lo usual y corriente es que el mismo esté vinculado, de forma directa y exclusiva, a una concreta marca comercial y ello implica que, casi siempre, junto al concepto de publicidad se encuentren subyacentes intereses económicos particulares o personales. Ello, traducido al ámbito legal, se revela mediante la casi inevitable conexión entre la publicidad de un producto y la existencia de un “ánimo de lucro”. Así se explica que una actividad, inicialmente ajena a cualquier ámbito penal, pueda configurarse como una actividad delictiva, coincidiendo en que el lucro se constituye como el origen de multitud de conductas punibles.

Recordemos que en el Preámbulo de Ley General de Publicidad” se sostiene que; “…el estado tiene competencia para regular dicha materia de acuerdo con lo establecido por el artículo 149.1., 6 y 8 de la Constitución…”. En este sentido podemos ver que, dentro del Ordenamiento Legal Español, conviven, entre otras, la mencionada Ley, el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el propio Código Penal.

En efecto, el Código Penal de 1995 introdujo en su artículo  282, modificado por la L.O. 15/2003, el castigo; “…con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos…”. De una primera lectura ya se deduce, indubitadamente, que la conducta tipificada está referida directamente con la ejecución de actividades publicitarias interviniendo “alegaciones falsas” o con la manifestación de “características inciertas” capaces de “causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores”. De ello vamos a tratar en las siguientes notas.

IIº.- LA FUNCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL.

Entre los restos de la “Biblioteca de Babilonia” fue hallada una tablilla que, en parte, se refiere a los servicios de un zapatero, de ello hace unos 3.000 años y, desde entonces, podemos afirmar que la difusión del mensaje publicitario ha sido siempre progresiva. La publicidad se constituye como uno de los elementos mas habituales de la comunicación entre los humanos y en una actividad independiente, generalizada y casi imprescindible para el desarrollo económico. Ello hasta el punto que tiene una estructura típica constituida en cuatro fases, una primera generadora de atención, seguida de la creación de un interés y, en tercer y cuarto lugar, la generación de un impulso y la ejecución de una actividad mercantil coincidente con el interés previamente generado. Resulta evidente que, en la actualidad, la publicidad ya no consiste en la simple comunicación de las cualidades de un determinado producto, sino que también implica la generación de un estímulo capaz de impulsar un cambio de conducta o actitud colectiva hacia el mismo. Junto a esto señalemos otro factor; modernamente la publicidad se estructura no como un hecho o un acto aislado sino como una estrategia prediseñada en la que se vinculan las cuatro fases antes expuestas.

La finalidad de la publicidad consiste en la difusión del convencimiento de que se puede satisfacer una necesidad mediante la adquisición del producto o servicio a la que viene referida que, modernamente, mediante los llamados “estudios de mercado”, está precedida por la indagación de las motivaciones que impulsan a la ciudadanía a decidirse por un concreto producto, dentro de la amplia gama comercial que la sociedad de consumo vigente en gran parte del Planeta nos ofrece. La publicidad actual no es ni simple ni casual sino que está regida por muy elaborados elementos científico-sociológicos y en una compleja ejecución de la misma, recurriendo a la “mercadotecnia” en busca del “posicionamiento” como un resultado mediato que se traduce por la intrusión en el ideario de los consumidores para que estos se identifiquen con un concreto producto y se vean impulsados o compelidos a su adquisición. Desde la sociología y la mercadotecnia, está suficientemente descrito el valor que adquiere la publicidad comercial en el mercado; hasta el punto de que, asiduamente, se valora la calidad de muchas mercancías y servicios con una directa relación respecto al medio publicitario que nos las oferta, independientemente de las cualidades de las mismas.

Como ya hemos avanzado anteriormente el mensaje publicitario genera, socialmente, posturas enfrentadas y podemos ver que existen;

a)                        defensores de su función dinamizadora, tanto en la vertiente económica como en la de las relaciones sociales y

b)                       detractores que ven en la misma peligrosas manipulaciones de nuestra libertad siendo, sus cantos de sirena, factores que pueden amenazar nuestro libre albedrío.

Sin pronunciarnos por alguna de las posiciones anteriores, hay que convenir que la publicidad es una actividad humana y, en consecuencia, queda sujeta a las virtudes y defectos de todo comportamiento humano. Ello bastará para que no ignoremos que la misma es una muy poderosa herramienta que, mal utilizada, presentará indudables peligros y efectivos daños en la convivencia y, por esa razón, toda sociedad moderna se ha dotado de los medios útiles para evitar, paliar o sancionar esos eventuales abusos. De ello pasamos a hablar.

IIIº.- LOS LÍMITES DE LA PUBLICIDAD.

Desde hace décadas multitud de países han aprobado normativas de distinto tipo que regulan el hecho, el proceso y las consecuencias de la publicidad. En España es la Ley 61 de 11 de junio de 1964, conocida como “El Estatuto de la Publicidad”, la que inicialmente se encargó de regular los principios básicos relativos a la misma. Estos son:

1º.- El Principio de Legalidad, que somete el mensaje publicitario al resto del sistema normativo.

2º.- El Principio de Autenticidad, que requiere que todo mensaje con contenido publicitario pueda ser reconocido como tal.

3º.- El Principio de Veracidad, cuyo cumplimiento implica la necesidad de que el mensaje publicitario comunique datos verdaderos.

4º.- El Principio de Libre Competencia, que refleja el ineludible respeto de la publicidad a las normas reguladoras del Libre Mercado.

Con la entrada en vigor de la de la Constitución, en el artículo 51, se determina que los; “…poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos… …2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios…” se produjo, de conformidad con esta protección de los intereses de consumidores y usuarios, un desarrollo en la ordenación de la actividad publicitaria y, así, La Ley General de Publicidad” (Ley 34/1988, de 11 de noviembre), un cuarto de siglo después, actualiza y mantiene los Principios Rectores antes enunciados, adecuándolo a la nueva realidad española. Esta Ley incluye el concepto de “publicidad ilícita” que además en 1995, con el artículo 282 del Código Penal, pasa a ser una posible conducta delictiva. De La Publicidad Ilícita trataremos en el epígrafe siguiente.

Concretando, como normas legales de carácter general actualmente vigentes en España, podemos señalar las siguientes;

1º.- Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

2º.- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

3º.- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

4º.- Ley Orgánica de 19/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

5º.- También hay que destacar la existencia de otras normas estatales de carácter sectorial y relativas a ámbitos de especial protección en los que incide la publicidad: como son los alimentos, la educación, la industria farmacéutica, los libros, las bebidas alcohólicas, el tabaco…

6º.- Además, vigente en las Comunidades Autónomas, también hay una normativa que no podemos olvidar, pero tampoco referenciar dada la multitud de ellas. En efecto, las diferentes Estatutos de Autonomía confieren competencias propias en materia publicitaria a las mismas.

7º.- Junto a las anteriores Leyes Nacionales o Autonómicas nos encontramos el Derecho Comunitario que agrupa criterios normativos vigentes en todos los países miembros de la Unión Europea y así, en 1984, se acuerda “La Directiva sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa” y un lustro después se promulga, el 3 de octubre de 1989, “La Directiva del Consejo sobre Actividades de Radiodifusión Televisiva”. Mas tarde aparecerán la Directiva 2005/29 /CE, de 11 de Mayo de 2005 (LCEur 2005, 1143) y la Directiva 2006/114 /CE (LCEur 2006, 3518) del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, relativa a prácticas desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, también conocida como “Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales”.

8º.- Finalmente, y en otro rango, conviene destacar las denominadas “Normas de Autocontrol” generadas desde los medios publicitarios que se traducen en convenciones vinculantes pero no obligatorias para los anunciantes, intermediarios y medios que establecen criterios y conductas en relación a su actividad. En 1995 se constituyó “La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial”, que regula mecanismos no sancionadores frente a mensajes publicitarios que no coincidan con lo que la misma haya acordado. Hay que insistir en la voluntariedad de la vinculación que caracteriza la pertenencia, o no, a la Asociación y la observancia de sus criterios.

IVº.- EL CONCEPTO Y LAS FORMAS DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA O FRAUDULENTA.

Bajo la genérica denominación de “Publicidad Engañosa” o, en ocasiones, “Publicidad Fraudulenta” se entiende la actividad publicitaria capaz de producir un error de conocimiento o valorativo en sus destinatarios hasta el punto de modificar su práctica de consumo y de causar perjuicios al ciudadano, en abstracto, a otros comerciantes, o bien, como conducta omisiva, se configura en torno al ocultamiento de datos principales de lo publicitado si el mismo es capaz de inducir a un error como el ya descrito en sus receptores. Resulta discutible si esta noción se extiende a los casos en que, simplemente, se inciten injustificadamente algunos estímulos para el consumo superfluo de un bien o el uso innecesario de un servicio. Dicho en otras palabras, la publicidad engañosa es aquella que se fundamentada sobre la difusión de afirmaciones inciertas o exageradas de un producto o servicio y es capaz de repercutir en la economía de cualquier consumidor.

Desde la Legislación Administrativa el artículo 3 de la “Ley General de Publicidad” dice que es ilícita; “…La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4… …La publicidad subliminal… …La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios… …La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva…”.

Dicho lo anterior, advertimos que, En España, hay que distinguir entre;

a)                        la publicidad que atenta o vulnera valores esenciales de la Personalidad, artículo 3º de la LGP,

b)                       la subliminal, artículo 4º de la LGP,

c)                       la referida a determinados bienes o servicios, a la que se refiere el artículo 5º de la LGP,

d)                       la “publicidad engañosa” propiamente dicha,

e)                        la desleal y

f)                        la publicidad agresiva.

Aquí, solamente, nos estamos refiriendo a la llamada “Publicidad Engañosa”, en su vertiente de ilícito penal que, generalmente, se viene a traducir en determinados medios o formas de ejecución, siempre vinculadas a la inveracidad o al desprecio a la verdad, y, entre las mismos, podemos destacar;

1º.- El uso inmotivado de expresiones confusas, indocumentadas o con diversos significados posibles con capacidad para producir una interpretación errónea o equívoca del mensaje publicitario.

2º.- La voluntaria elusión de información directa sobre determinados datos principales que puedan alterar una libre decisión del consumidor.

3º.- Mas concretamente, la inclusión u omisión en el mensaje publicitario de circunstancias como, por ejemplo;

a)    las relativas a cierto grado de peligrosidad o a la complejidad necesaria para un adecuado uso del producto,

b)   un enunciado confuso sobre el precio total, como puede ser la ausencia de alguna referencia a impuestos aplicables, complementos imprescindibles o gastos de envío,

c)   la difusión de condiciones que no se cumplen sistemáticamente, como las referidas al plazo de entrega, lugar de recogida, compromiso de devolución, ensamblaje o montaje,

d)   las afirmaciones relativas a los beneficios del producto, cuando pueden ser puntuales y no generalizados,

e)    una carencia de información sobre las condiciones legales o jurídicas de la operación comercial,

f)    el uso de enunciados dirigidos a la adopción de una inmediata decisión de compra,

g)   cláusulas escritas en otro idioma, de difícil comprensión o con una tipografía ilegible o diminuta en los anuncios…

Para finalizar este epígrafe transcribimos, en parte, el “Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios” que dice, en su artículo 20, relativo a la Información Necesaria en la Oferta Comercial de Bienes y Servicios” que; “…1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación, deberán contener, si no se desprende ya claramente del contexto, al menos la siguiente información:… …Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del empresario por cuya cuenta actúa… …Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su naturaleza y al medio de comunicación utilizado… …El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario… …En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio… …los gastos adicionales que se repercutan al consumidor… …Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución del contrato y el sistema de tratamiento de las reclamaciones…”.

Vº.- EL DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA.

Vamos a dejar para el epígrafe final de las Conclusiones el aspecto, subjetivo u objetivo, de la flagrante incongruencia de una sociedad en la se afirma que la compra de un perfume, muchas veces avalada por una denigrante publicidad sexista, nos va a proporcionar unas relaciones intersexuales inusitadas, que un coche es un objeto, casi de placer, que no genera una descomunal mortandad, que un chicle nos evitará una gingivitis o en la que, quien nos vende tabaco, también nos está diciendo que es causa de muerte. En efecto, estamos ante unas conductas contradictorias ya que, socialmente, están muy toleradas, mientras que, legalmente, se las llega a considerar delictivas. Por ahora, ciñámonos al estricto estudio del tipo del artículo 282 del Código Penal, que aquí damos por reproducido, ya que quedó transcrito al final del primer epígrafe de este texto.

En lo que se refiere a la autoría hay que resaltar dos aspectos diferenciales, a saber;

1º.- que el sujeto activo del delito no siempre coincidirá con el autor material del mismo. En la actividad publicitaria intervienen “fabricantes o comerciantes” pero, también, Agencias de Publicidad y Medios de Comunicación y

2º.- que resulta muy habitual que en la autoría participe o resida en una persona jurídica.

A este respecto Vives Antón, Muñoz Conde y, en parte, Vargas Cabrera sostienen que las Agencias Publicitarias podrían intervenir en la autoría, en calidad de cooperadores necesarios. cuando con su actividad difunden, deliberadamente, un engaño generado por un fabricante y/o comerciante. Hay que recurrir al artículo 31 del Código Penal para poder determinar a la Persona Física que actúa como administrador o en representación de la Persona Jurídica que, como hemos dicho, suele ser una sociedad mercantil.

En cuanto a la víctima, sujeto pasivo, viene referida a los consumidores, a los que cita el artículo 51 de la de la Constitución Española, que se definen los artículos 2, 3 y concordantes de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, tanto sean reales como potenciales (Vives Antón) y en tanto en cuanto sus intereses son susceptibles de sufrir un perjuicio (Manzanares Samaniego). Finalmente, hay que destacar, respecto a esta actividad delictiva, que el número de víctimas suele ser múltiple, ya que, generalmente, nos hallamos ante un “delito masa” (Santaella López).

La acción típica viene referida a la difusión, a través de uno o varios Medios de Comunicación, de publicidad en la que se incluye una o mas afirmaciones, características o actos falsarios capaces de perjudicar, sobre todo, el patrimonio de los consumidores. Conviene hacer las siguientes consideraciones;

1º.- A efectos penales, sólo se debe entender por publicidad; “…toda forma de comunicación realizada por persona física o jurídica pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos u obligaciones…” por aplicación de lo que dispone el artículo 2 de la “Ley General de Publicidad”.

2º.- También hay que entender las alegaciones falsas o la manifestación de características inciertas como un probado incumplimiento, por acción o por omisión, del deber de veracidad que implica el artículo 8 b y d y 13 f de la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, o como una contravención de lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Española.

3º.- Incide esencialmente en la consideración delictiva de la acción tanto una valoración ponderada y global del mensaje publicitario como del contexto del mismo.

El resultado se constituye con un perjuicio, potencial o efectivo, para los consumidores, sin que sea precisa la concurrencia de un detrimento estrictamente patrimonial o económico ya que estamos en un delito de mera actividad o de hipotético peligro, lo cual lo hace compatible con un concurso ideal con el delito de estafa del artículo 247 del Código Penal, por ejemplo.

Respecto a la penalidad, simplemente repetir el enunciado típico de que será de “…prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses…”, modificado por la LO 15/2003. Opinamos que, tal vez, pudiera echarse en falta una inhabilitación para el ejercicio del comercio, prevista en el artículo 45 del Código Penal.

Jurisprudencialmente resulta muy interesante la lectura de la STS que resuelve el Recurso de Casación núm. 946/2009 pronunciándose sobre aspectos tales como la aplicación restrictiva del tipo penal a los casos de grave contravención de la buena fe respecto a los consumidores, a la legislación Comunitaria en el ámbito publicitario, al concepto de consumidor y a la interpretación restrictiva de la condición de engañosa de la publicidad.

Vº.- CONCLUSIONES.

Líneas arriba se indicaba cierta incongruencia que rodea el delito examinado. En efecto, si la violación de una menor de edad despierta una convulsión ciudadana imperativamente importante, resulta que el anuncio de una colonia que artificiosamente “conquiste la voluntad” de esa misma menor no será objeto de crítica alguna. Y es que, salvando las distancias, se podrían detectar tres elementos diferenciales de esta figura delictiva;

a)                          la publicidad fraudulenta o engañosa nunca se nos presenta como compulsiva, exigente o violenta, aunque lo puede ser,

b)                          existe un convenio social que ampara al comerciante que pregona las virtudes de su producto y que no comprendería a aquel otro que difundiera los déficits del mismo y

c)                          nos hallamos ante uno de los mal llamados “delitos sin víctimas” ya que esta aparece tan difuminada que casi deviene en inexistente.

Ante ello conviene hacer las siguientes apreciaciones;

1º.- mediante la publicidad fraudulenta o engañosa bien se pueden causar perjuicios patrimoniales de entidad muy superior a los de un simple hurto, una estafa o un robo.

2º.- El acuñado concepto jurídico de “honrado comerciante” es incompatible con la manipulación artificiosa de la realidad.

3º.- No cabe duda alguna de que las víctimas de este delito son tan reales y resultan tan perjudicadas como las de multitud de otras conductas penales; pero es que, además, ocurre que, casi siempre, suelen ser múltiples o numerosísimas.

Dicho la anterior, a modo de conclusión, el vigente artículo 282 del Código Penal merece una valoración poco positiva, pero no imputable a la labor legislativa sino a la novedoso de los conceptos que maneja que, fuera del ámbito administrativo, se nos aparecen como foráneos y, de hecho, precisan de otras legislaciones específicas, pero no penales, cuando se refieren a medicamentos, alimentos, tabaco, bebidas alcohólicas…

En cualquier caso si, al bajar a la calle, nos topamos con una Óptica que vende lentillas para disimular una miopía, con un Centro de Belleza que promociona el uso de “rayos UVA” para adquirir un aspecto bronceado al que no ha visitado playa alguna o con una tienda de bisutería que vende objetos muy confundibles con los de una joyería contigua, será conveniente que, cada uno de nosotros, saquemos nuestras conclusiones sobre esta conducta criminalizada; ante todo y sobre todo teniendo muy presente que la misma no requiere un resultado lesivo evaluable, sino una mera actividad engañosa… similar a tantas otras que presiden nuestros comportamientos sociales y que resultan impunes o alegales si no llegan a traducirse en un daño a terceros.

Es corriente que exageremos nuestras cualidades, difundamos logros distorsionados, ocultemos los fracasos, alteremos la edad o modifiquemos la apariencia física en busca de una estética tan mejorada como irreal… Por eso cabe plantearse si acaso sería exigible a un modélico comerciante que pregonase los siempre existentes déficits de su mercancía cuando el comprador que la va a adquirir le simula una capacidad económica de la que, en muchas ocasiones, carece y que culminará en un impago.

La reflexión queda abierta.

RAMÓN MACIÁ GÓMEZ

Magistrado Jubilado.

Marzo de 2011.

iuris@ramonmacia.com

www.ramonmacia.com

EL PODER JUDICIAL EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA.

Evidentemente que cuando me planteo escribir sobre un tema tan inmenso, inabarcable, como el que viene a sugerir el título de este artículo, frente a un par de docenas de folios en blanco, no existe otro propósito mas que el de bosquejar el contenido de los 27 Textos Legales Fundamentales, de las 27 Constituciones[1] de los Estados miembros de la Unión Europea, única y exclusivamente en sus escuetas y directas referencias al Poder Judicial. Carezco de medios intelectuales y materiales para afrontar tamaña empresa y, sin embargo, me aventuro a pronosticar que, en las Conclusiones al final del texto, la somera lectura de tan variados Textos Fundamentales no va a provocar ninguna confusión sino una agradable sorpresa o, para otros perplejidad, ante la evidencia de un mismo concepto, el “Poder Judicial”, es multívoco, frete a lo que, inicialmente, pudiera parecer. Junto con ello, al menos al firmante, le queda el amargo regusto, la molesta sensación al advertir que los Ciudadanos Jueces Europeos malgastan tan prolífica colección de enunciados y se empeñan en enrocarse en las estrechas fronteras que, en definitiva, constituye lo que, paradójicamente, denominamos “Independencia Judicial”, valor ese que, en el marco de la Unión Europea merece una profunda revisión; tal y como ya se hiciera al vertebrar el “Parlamento Europeo”.
Queda, pues, claro que, ni por asomo, se pretenderá ningún análisis comparativo de tal cantidad de material jurídico y que, en realidad, simplemente, se van a transcribir las alusiones esenciales que un total de 28 Textos Constitucionales Europeos hacen en relación al Poder Judicial; ni más ni menos. Este escrito simplemente está destinado para un análisis comparativo de las expresiones utilizadas desde Chipre a Estonia y desde Portugal a Polonia al referirse a la configuración más básica de las definiciones del “Poder Judicial”, de la estructura del mismo y de sus más básicos conceptos.
El que firma este texto ya publicó, en 1998, el libro “Sistemas de Proceso Penal en Europa”[2], Editorial Cedecs, Derecho Penal, en el que 16 Excelentísimos Señores Magistrados, Jueces, Fiscales o Expertos[3] escribieron, bajo mi modesta e ingenua coordinación, comparativo de los entonces Procesos Penales vigentes. En definitiva, hay que ser lo suficientemente consciente de que tan solo un metódico experto en Leyes de su Propio País estará capacitado para opinar sobre la estructura de su correspondiente Sistema Legal y este, evidentemente, no es mi caso.
Insisto en que el presente artículo no pretenderá ser más que una literal transcripción de los diferentes Textos Legales Superiores, eludiendo todo tipo de opinión específica y limitándose a las generalizaciones. Eso no significa que los miembros de los diferentes “Poderes Judiciales” de la Unión Europea bien debiéramos aceptar un reto que parece no ya olvidado sino casi imposible; Una Justicia Europea para los Europeos y no una Justicia Nacional para los Europeos que es el mas evidente reflejo del fracaso de un proceso que no se ha logrado consolidar con la aprobación de una Constitución Europea y en el que los diferentes Poderes Judiciales se conformaban e, incluso preferían vivir bajo el amparo de unos fueros seguramente tan caducados como vergonzantemente inamovibles… y ello por decisión propia de sus principales artífices; los Jueces. Y me refiero, explícitamente, a mi profundo rechazo de una “independencia del Poder Judicial dentro de una Unidad de Estados” y que, incluso, se quiso plasmar en un artículo de la Constitución Europea (artículo III-257) que decía que la; “…Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros…”. Creo, sinceramente, que ese no es el camino de una auténtica Unión, sino de una confusa amalgama, en el sentido mas peyorativo del término.
Antes de finalizar esta Introducción bien vale la pena resaltar dos aspectos, antes enunciados. Primeramente resultan excesivamente sorprendentes las inmensas distancias que se pueden apreciar de la concepción de cada Poder Judicial Nacional, en su Constitución propia. Si excluimos el Principio de Legalidad y la referencia a la Independencia Judicial pocas otras constantes hallaremos en cuanto a la composición, el nombramiento, la regulación y cuantos otros factores se quieran añadir… En segundo lugar la fallida “Constitución Europea” merece una escasa valoración en cuanto a sus referencias al Poder Judicial Europeo y hace que parezca mentira que, allá por el 580, un tal Justiniano hiciera una recopilación legal que, humildemente creemos, era algo mas acertada y, también, asombra que un militar como Napoleón, a principios del siglo XVIII, lograra conformar un sistema legal con el que, con mucha frecuencia, todavía se fundamentan resoluciones judiciales en muy variados idiomas.
Pasemos, pues, a efectuar esta muy genérica visión sobre las 27 Constituciones que no se lograron acercar, ni mucho menos unificar, y que, en lo referido al Poder Judicial y a lo que renunciaba de forma expresa. Nos hemos de felicitar por su fracaso, sobre todo los que aspiren a una “Justicia Universal”.
EL PODER JUDICIAL EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA.
Iº.- ALEMANIA.
El artículo 1 de la Constitución Alemana dice que “…los derechos fundamentales que se proclaman a continuación vinculan al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial como derecho directamente aplicable…” y el 92 de encomienda a los Jueces el Poder Judicial, que se ejercerá;
- por el Tribunal Constitucional Federal,
- por los Tribunales Federales y
- por los Tribunales de los Estados.
- Se podrá atribuir al Tribunal Constitucional Federal por Ley de un Estado, la decisión en relación a litigios constitucionales, siempre dentro del Estado respectivo (Artículo 99).
Según el artículo 93 corresponde al Tribunal Constitucional Federal la interpretación de la Constitución y la resolución de las discrepancias que surjan respecto a la aplicación de la misma. El artículo 94 habla del Tribunal Constitucional Federal que se compone de Magistrados Federales y otros Juristas, siendo elegidos una mitad por la Dieta Federal y la otra mitad por el Consejo Federal; también regula las Leyes Federales respecto a su organización y procedimiento.
En otro ámbito inferior, el artículo 95 establece la creación de los Tribunales Superiores y que el nombramiento de los Magistrados que los componen, cuya elección corre a cargo del Ministro Federal competente junto a una Comisión de Selección Judicial y, finalmente, instituye, para asegurar la unidad de la Jurisprudencia, una Sala Común de estos Tribunales. En el artículo 97 se establece que los Jueces son independientes y están sometidos únicamente a la Ley y en los artículos siguientes ya se internan, más específicamente, en el régimen estatutario de los mismos.
El artículo 101 prohíbe los Tribunales de Excepción y fija el Principio del Juez Natural predeterminado por la Ley. El siguiente artículo ordena la abolición de la pena de muerte, el libre acceso a la Justicia y el Principio de Legalidad y que nadie puede ser condenado más de una vez por el mismo acto. La libertad personal sólo se puede restringir en virtud de una Ley formal.
IIº.- AUSTRIA.
Según el artículo 82 de la Constitución Austriaca la Jurisdicción emana de la Federación y las sentencias se pronuncian y ejecutan en nombre de la República. Ello es importante pues implica una Unidad de Jurisdicción ya que los Estados Federados carecen de la misma.
El artículo 86 determina que, “…los jueces son nombrados a propuesta del Gobierno Federal por el Presidente Federal o por el ministro federal habilitado por éste para ello. El Gobierno Federal o el ministro federal debe en todo caso recabar propuestas de designación a las salas a las que la Ley del Poder Judicial encomiende esta función… …la propuesta de designación que se haya de presentar al ministro federal competente y que éste deba elevar al Gobierno Federal, habrá de contener, cuando haya candidatos suficientes, tres nombres, por lo menos, pero cuando haya que proveer más de un puesto, el doble como mínimo de nombres que el número de jueces a designar…”mínimo de nombres que el número de jueces a designar…” mínimo de nombres que el número de jueces a designar…”, seguidamente, se dispone que los Jueces serán independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional. El artículo 87a establece una serie de normas sobre “Jueces no Profesionales”, que quedan sometidos a ciertas limitaciones y en el artículo siguiente se establece su inmovilidad, en otros artículos se establece el derecho al Juez natural predeterminado por la Ley, la supresión de la Jurisdicción Militar y la abolición de la pena de muerte.
Los Jueces austriacos deben aplicar la Ley aunque: “…si un tribunal tuviere reparos por razón de ilegalidad para la aplicación de un reglamento, debe interponer solicitud de anulación ante el Tribunal Constitucional…”. El artículo 90 establece la publicidad de la actividad judicial e instaura, de forma expresa, el Principio Acusatorio, siendo el Fiscal un órgano del Poder Judicial.
Para lo delitos graves se fija que serán juzgados por Jurados Populares. Destaca que, metódicamente, se especifica en la Constitución la labor y las funciones de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
IIIº.- BÉLGICA.
El Jefe del Estado Belga, nominalmente, es el Rey o la Reina pero el poder real reside en el Primer Ministro y su Gobierno. El Sistema Judicial tiene sus raíces en la Codificación Napoleónica y la Justicia, en su cúspide, se configura por la Corte de Casación y el Tribunal de Apelaciones, de modelo francés. El artículo 11 de la Constitución Belga dice que; “…el disfrute de los derechos y libertades reconocidos a los belgas debe estar garantizado sin discriminación. A este fin, las leyes y las leyes federativas asegurarán en especial los derechos y libertades de las minorías ideológicas y filosóficas…” y el artículo 11bis especifica que; “…la ley, leyes federales o normas a las que se refiere el Artículo 134 garantizan a las mujeres y hombres el igual ejercicio de sus derechos y libertades y en particular impulsa su acceso igualitario a cargos públicos o elegidos…”.
Según el artículo 40 de la Constitución Belga el Poder Judicial es ejercido por los Tribunales y los autos y sentencias judiciales se dictarán y ejecutarán en nombre del Rey. El artículo 146 establece que ningún Tribunal ni órgano competente para dictar sentencias puede ser instituido sino en virtud de Ley y, a continuación, se determina que existe un único Tribunal Supremo que no conocerá sobre el fondo de los asuntos. De forma muy escueta se impone la Publicidad de las actuaciones judiciales y la prohibición de Tribunales Extraordinarios, cualquiera que sea su denominación. Finalmente, el artículo 149 ordena la motivación de las Sentencias.
Destacar la importante incidencia del respeto por las Lenguas y que desde 2077 un “Tribunal Constitucional” sustituyo al, entonces, llamado “Tribunal de Arbitraje”.
IVº.- BULGARIA.
El artículo 117 de la Constitución Búlgara establece que el Poder Judicial salvaguardará los derechos y los intereses legítimos de todos los ciudadanos, personas jurídicas y del Estado y que será independiente estando, solamente, sometido a la Ley y actuando en nombre del Pueblo.
En el artículo 119 se dice que; “…la justicia será administrada por el Tribunal Supremo de Casación, el Tribunal Administrativo Supremo, los Tribunales de apelación, los Tribunales regionales, los Tribunales marciales y los Tribunales de distrito…” y, además, que los Tribunales Especializados serán creados en virtud de la Ley y no podrán existir Tribunales Extraordinarios. Seguidamente se estipula el sometimiento de los órganos administrativos al Poder Judicial, así como la Publicidad y la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales y del asesoramiento legal.
El artículo 124 ordena al Tribunal Supremo de Casación la supervisión judicial soberana en cuanto al uso exacto e igual de la Ley por todos los Tribunales. El reformado artículo 128 de la Constitución dice que; “…los magistrados instructores estarán dentro del sistema de la judicatura. Conducirán la investigación de los casos criminales según lo prescrito por la ley…” y, seguidamente, se dispone que el Consejo Judicial Supremo será quien designe, ascienda o cese a Jueces, Fiscales y Magistrados Instructores, si bien resulta que el Presidente del Tribunal Supremo de Casación, el Presidente del Tribunal Administrativo Supremo y el Fiscal General son nombrados y separados de su cargo por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Judicial Supremo; excepcionalmente el Presidente no podrá vetar un nombramiento si se refiere a una propuesta reiterada.
El artículo 130 configura un Consejo Judicial Supremo formado por veinticinco miembros de los que serán miembros de derecho
-       el Presidente del Tribunal Supremo de Casación,
-       el Presidente del Tribunal Administrativo Supremo,
-       el Fiscal General y
-       22 miembros electos Abogados en ejercicio de reconocido prestigio e integridad moral con, al menos, quince años de experiencia profesional

  • de los que 11 serán elegidos por la Asamblea Nacional y
  • 11 serán elegidos por los Órganos de la Judicatura.

Respecto al Ministro de Justicia, incluido dentro del Poder Judicial, puede realizar propuestas para el nombramiento, promoción, separación, destino y retiro de los Jueces, de los Fiscales y de los Magistrados Instructores.
En el artículo 132 se configura, indirectamente, la independencia de los miembros del Poder Judicial Búlgaro, si bien se establece un órgano de inspección para el Consejo Judicial Supremo cuyo Inspector Jefe será elegido por la Asamblea Nacional, todo ello sin perjuicio de que la organización y la forma de actuación de la Justicia siempre estarán previstas por la Ley.
Vº.- CHIPRE.
En la Constitución Chipriota el artículo 152 determina que el Poder Judicial se ejercerá por un Tribunal Superior de Justicia y por los Tribunales Inferiores, exceptuándose el que se ejerce por el Tribunal Constitucional Supremo. El Tribunal Superior de Justicia estará compuesto por;
-       dos Magistrados Griegos,
-       un Magistrado Turco y
-       un Magistrado Neutral.
-       El Magistrado Neutral será el Presidente del Tribunal y dispondrá de dos votos.
El Presidente y los demás Magistrados del Tribunal Superior serán nombrados conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente de la República entre juristas de alto prestigio profesional y moral. Las sesiones del Tribunal Superior será públicas y tendrá jurisdicción tanto propia como de revisión.
En el artículo 158 se dice que según; “…lo dispuesto en esta Constitución, se proveerá por ley la creación, jurisdicción y poderes de los tribunales civiles y penales distintos…”jurisdicción y poderes de los tribunales civiles y penales distintos…”jurisdicción y poderes de los tribunales civiles y penales distintos…”. Curiosamente resulta que la instrucción judicial de un homicidio será dirigida, si el fallecido pertenecía a la Comunidad griega, por un funcionario griego y por un funcionario turco si el fallecido pertenecía a la Comunidad turca.
También resulta llamativo que el artículo 164 disponga que cualquier Tribunal de Apelación elabore sus propios Reglamentos para regular las prácticas y procedimientos, así como las prácticas y procedimientos de otros Tribunales cuyas sentencias se recurran ante él.
VIº.- DINAMARCA.
Ya en el siglo Xº Dinamarca queda unificada en un solo país independiente y es, por tanto, uno de los Estados más antiguos de Europa. Su régimen político es la Democracia Parlamentaria con un Estado Monárquico arraigado en la cultura del bienestar; siendo uno de los países, a nivel mundial, con menor índice de litigiosidad. La Justicia no ocupa un papel preponderante en la estructura social y convivencial danesa.
El artículo 3 de la Constitución de Dinamarca dice que el Poder Judicial se ejerce por los Tribunales de Justicia y en el artículo 61 se dispone que el ejercicio del Poder Judicial no pueda ser regulado sino por Ley, proscribiéndose la existencia de ningún Tribunal de Excepción. Seguidamente se establece que la Administración de Justicia permanecerá siempre independiente del Poder Ejecutivo. Los Tribunales son competentes para conocer de todas las cuestiones concernientes a los límites de las atribuciones de las autoridades públicas.
En el artículo 64 se dice que en; “…el ejercicio de sus funciones los magistrados están solamente sometidos a la ley. No pueden ser revocados sino en virtud de sentencia, ni trasladados contra su voluntad…”. Seguidamente se impone la publicidad de la justicia y la instrucción oral. Existe la institución del Jurado.
VIIº.- ESLOVAQUIA.
Según el artículo 102 de la Constitución Eslovaca el Presidente perdona y atenúa las condenas impuestas por los Tribunales Penales en los procedimientos criminales y suprime las condenas, en forma de perdón individual o amnistía. También designa y cesa a los Jueces de la Corte Constitucional de la República Eslovaca, al Presidente y Vicepresidente de la Corte Constitucional, al igual que lo hace respecto a los Jueces, al Juez Principal y al Juez Principal Suplente de la República Eslovaca, al Fiscal General y a tres miembros del Consejo Judicial de República Eslovaca.
Y, dicho esto, en el artículo 141 se determina que la Administración de Justicia en la República Eslovaca se llevará a cabo por Tribunales independientes e imparciales y que el Poder Judicial será independiente de otras autoridades del Estado.
El siguiente artículo instituye el Consejo Judicial de la República Eslovaca estará presidido por un Juez Principal, siendo sus otros miembros;
-                          ocho Jueces, elegidos y cesados por los Jueces de la República Eslovaca,
-                          tres miembros que son designados y cesados por el Consejo Nacional del República Eslovaca,
-                          otros tres miembros que son designados y cesados por el Presidente de la República Eslovaca y, finalmente
-                          tres miembros que son designados y cesados por el Gobierno del República Eslovaca.
Respecto a los Tribunales, estos tienen competencia sobre las materias civiles y penales y también revisan la legalidad de las decisiones tomadas por los órganos de la Administración Pública y la legalidad de las decisiones, medidas u otras acciones de los órganos de la autoridad pública, si así es establecido en una Ley (artículo 142 de la Constitución) y decidirán colegiadamente, salvo procedimientos excepcionales. Una Ley establecerá en qué casos un Jurado de Ciudadanos participará en la toma de decisiones y en qué casos, un Funcionario Judicial autorizado por un Juez, puede decidir sobre litigios. La organización judicial estará integrada por el Tribunal Supremo de la República Eslovaca junto con otros Tribunales. Los Jueces, en el desarrollo de sus funciones, serán independientes y vinculados por la Constitución, por las Leyes y por los tratados internacionales (artículo 144). Las sentencias y las vistas serán siempre públicas.
Vuelve a introducirse una aparente confusión (para nuestro humilde entender) cuando dice que; “…el Presidente de la República Eslovaca designará y cesará a los jueces en base a una propuesta del Consejo Judicial de la República Eslovaca…el Presidente de la República Eslovaca designa al Juez Principal y al Vice-Juez Principal en base a una propuesta del Consejo Judicial…un juez puede dimitir de su cargo por medio de aviso escrito al Presidente de República Eslovaca…”.
Resulta interesante destacar, por novedoso, que el “Tribunal Constitucional” forma parte del Poder Judicial Eslovaco.
VIO.- ESLOVENIA.
En el Preámbulo de la Constitución Eslovena se dice que, “…partiendo de la Carta Básica Constitucional de la soberanía y la Independencia de la República de Eslovenia, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y del derecho fundamental y permanente de la Nación eslovena a la autodeterminación; y del hecho histórico de que en un largo siglo de luchas por la liberación nacional nosotros los eslovenos hemos configurado nuestra identidad nacional…”.
Los cambios de la Constitución Eslovena, cuyo Capítulo IIº se refiere a los Derechos Fundamentales hace que, actualmente esta República no sea, legalmente, estable, de forma definitiva. De hecho, la mencionada Constitución permitirá la creación de regiones que, probablemente serán las mismas que las actuales.
Los Jueces Eslovenos están vinculados por la Constitución y las Leyes y serán independientes en el desarrollo de la función judicial (artículo 125 de la Constitución Eslovena). No pueden establecerse Tribunales Extraordinarios así como tampoco Tribunales Militares en tiempo de paz. El artículo 127 se refiere al Tribunal Supremo como Tribunal Superior del Estado que decide sobre reparaciones legales ordinarias y extraordinarias, además de efectuar otras funciones establecidas legalmente. Seguidamente se configura la participación ciudadana en la Administración de la Justicia y los artículos siguientes regulan el status del cargo de juez, que son elegidos por la Asamblea Nacional a propuesta del Consejo Judicial.
En el artículo 131 se dispone sobre el Consejo Judicial compuesto por once miembros de los que;
-                          la Asamblea Nacional elige a cinco,
-                          los Jueces que tengan un cargo judicial permanente eligen entre ellos a seis miembros y
-                          los miembros del Consejo votan al Presidente de entre sus miembros.
IXº.- ESPAÑA.
Dispone el artículo 117 de la Constitución Española que; “…la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley…los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley…”. Mas adelante se dispone sobre la gratuidad, la publicidad, la oralidad, la motivación de las resoluciones, la responsabilidad, el Consejo General del Poder Judicial como Órgano de gobierno de los Jueces, el Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal.
En el artículo 125 se establece que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado y el 126 dispone que la Policía Judicial dependa de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal. Finalmente, la Constitución Española deja para una Ley el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. Como en tantas otras Constituciones se deja para otra Ley la regulación del Gobierno del Poder Judicial, en este caso la LOPJ.
El acceso a la Carrera Judicial se efectúa por oposición o por designación y los miembros del Órgano Superior de la Administración de la Justicia Española, el Consejo General del Poder Judicial, tienen su procedencia en Elecciones Parlamentarias al efecto, que es el que nombra a Jueces y Magistrados, en todos los órdenes jurisdiccionales, si bien previa proposición por diferentes estamentos.
Xº.- ESTONIA.
Los artículos 146 a 153 de la Constitución de Estonia (capítulo XIIIº) giran bajo el epígrafe de “Los Tribunales”. En concreto, el artículo 146 dice que la; “…justicia será administrada solamente por los Tribunales. Los Tribunales son independientes en sus actividades y administrarán justicia de acuerdo con la Constitución y las leyes…” y, a continuación, se viene a establecer el carácter independiente del Poder Judicial.
El artículo 148 se refiere al Sistema Judicial, esquematizándolo así;
1) Juzgados Provinciales,
2) Juzgados Municipales,
3) Juzgados Administrativos,
4) Juzgados de Apelación,
5) Tribunal Supremo,
6) La creación de Tribunales Especializados con jurisdicción específica se regulará por ley y
7) Se prohíben los Tribunales de Excepción.
El artículo 150 establece que el; “…Juez Principal del Tribunal Supremo será nombrado por el Parlamento, a propuesta del Presidente de la República…” y que los “…jueces del Tribunal Supremo serán nombrados por el Parlamento, a propuesta del Juez Principal del Tribunal Supremo… …los otros jueces serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Tribunal Supremo…”.
Seguidamente se establece el Principio de Legalidad, de Constitucionalidad de las Leyes y los relativos a la Independencia de los Jueces.
XIº.- FINLANDIA.
El artículo 3º de la Constitución Finlandesa habla de la división de poderes y establece que el Poder Judicial es ejercido por Tribunales independientes. Existen dos Tribunales Superiores que son el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo. El artículo 98 habla ya de los Tribunales mencionados y que los ordinarios serán los Tribunales de Apelaciones y los Juzgados de Primera Instancia. Quedan prohibidos los Tribunales de Excepción.
En el artículo 100 se dice que el “…Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo estarán integrados por su Presidente y la cantidad que sea precisa de miembros…”. Será el Presidente de la República el encargado de nombrar a los Jueces titulares conforme al procedimiento legal.
Otro Órgano Jurisdiccional es el Tribunal de Justicia de la Nación, que está presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado asimismo por;
-                          el Presidente del Tribunal Supremo Administrativo,
-                          los tres Presidentes de Tribunales de Apelaciones de mayor antigüedad y
-                          cinco miembros elegidos por el Parlamento.
Seguidamente se establece la Independencia Judicial y se regulan los Fiscales que están bajo la dirección del Fiscal General del Estado, quien será nombrado por el Presidente de la República.
XIIº.- FRANCIA.
Es muy de destacar que la Constitución Francesa comience advirtiendo que. “…las dos versiones del artículo 88-5 no serán aplicables a las adhesiones consecutivas a una conferencia intergubernamental cuya convocatoria haya sido decidida por el Consejo Europeo antes del 1 de julio de 2004…”, cuando resultó que fue el propio Pueblo Francés quien rechazó, en referéndum, la Constitución Europea, al menos hay que reconocer la metódica previsión el Legislador Francés.
La Constitución Francesa dedica tres escuetos artículos (64 a 66), en su Título VIIIº a la Autoridad Judicial fijando que el Presidente de la República es el garante de la Independencia de la Autoridad Judicial, asistido del Consejo Superior de la Magistratura y contiene la previsión de que una Ley Orgánica determinará el estatuto de los Magistrados y Fiscales. El Consejo Superior de la Magistratura estará compuesto de una sala para los Magistrados y otra para los Fiscales.
La Sala de los Magistrados será presidida por el Primer Presidente del Tribunal de Casación y se compondrá;
-                          de cinco Magistrados
-                          un Fiscal,
-                          un Consejero de Estado designado por el Consejo de Estado,
-                          un Abogado y
-                          seis Personalidades calificadas que no pertenezcan ni al Parlamento ni a la carrera judicial, ni a la carrera administrativa. Corresponde al Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional y al Presidente del Senado la designación, a cada uno, de dos de las referidas Personalidades calificadas.
La Sala de los Fiscales, que es casi idéntica a la de Magistrados, será presidida por el Fiscal General del Tribunal de Casación y se formará por cinco Fiscales y un Magistrado, así como el Consejero de Estado, el Abogado y las seis personalidades según el sistema mencionado antes.
Se garantiza la Independencia Judicial que queda supeditada a la sala de los Magistrados del Consejo Superior de la Magistratura, que se pronunciará como órgano disciplinario de los miembros del Poder Judicial. El Consejo Superior de la Magistratura se reunirá en formación plenaria para responder a las solicitudes de;
a)                       dictamen formuladas por el Presidente de la República,
b)                       sobre las preguntas relativas a la Deontología de los Magistrados, y
c)                       cualquier pregunta relativa al funcionamiento de la Justicia presentada al Ministro de Justicia,
d)                       el Consejo Superior de la Magistratura podrá entender en un asunto presentado por un justiciable en las condiciones fijadas por una Ley Orgánica,
e)                       salvo en materia disciplinaria, el Ministro de Justicia podrá participar en las sesiones de las formaciones del Consejo Superior de la Magistratura.
Seguidamente el artículo 66 de la Constitución dispone que nadie pueda ser detenido arbitrariamente, que la Autoridad Judicial asegure el respeto de este principio en las condiciones previstas por la Ley e impone la interdicción de la pena de muerte.
XIIIº.- GRECIA.
En el artículo 1º de la Constitución se dice que “…la soberanía popular constituye el fundamento del régimen político… …todos los poderes emanan del pueblo, existen para él y la Nación y se ejercen del modo dispuesto por la Constitución…”.
El artículo 26.3 de la Constitución Griega dispone que la función jurisdiccional será ejercida por los Tribunales, cuyas decisiones se ejecutarán en nombre del Pueblo Griego y el artículo 87 ya fija que la Justicia se ejerce por Tribunales constituidos por Magistrados que gozan de independencia tanto funcional como personal, quedando solamente sometidos a la Constitución.
Seguidamente se regula que los Magistrados son nombrados de por vida por Decreto Presidencial, en virtud de una Ley y no pueden ser revocados o licenciados más que en virtud de una decisión judicial, por causa de condena penal, de infracción disciplinaria grave, o de invalidez o deficiencias profesionales constatadas en la forma prevista por la Ley correspondiente. La presidencia de los Tribunales o Consejos, especialmente previstos por la Constitución, en los que participan miembros del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, se cubren por aquel que tenga mayor antigüedad. La Constitución habilita un sistema para la unificación de la jurisdicción de primera instancia de los Tribunales Civiles.
Seguidamente se dispone la independencia de los miembros del Poder Judicial, la remuneración, incompatibilidades y sistema de promoción. En el artículo 91 de la Constitución se regula la potestad disciplinaría sobre los Magistrados a partir del grado de Consejero o de Abogado General en el Tribunal Supremo, y sobre los Magistrados de grado equivalente o superior a éste y se ejerce por un Consejo Disciplinario Superior, según lo previsto por la Ley, aunque el inicio del proceso disciplinario queda en manos del Ministro de Justicia.
En el artículo 93 de la Constitución Griega se dividen los Tribunales en Administrativos, civiles y Penales y se garantiza la publicidad de las audiencias judiciales, la motivación de las resoluciones, el Principio de Legalidad y se establecen normas para la unificación de doctrina. El llamado Consejo Estado tiene competencias Contencioso-Administrativas.
Curiosamente el artículo 97 habla de los “crímenes y los delitos políticos”, que son juzgados por Tribunales mixtos con Jurado.
XIVº.- HUNGRÍA.
En la Constitución Húngara el Capítulo Xº (artículos 45 a 50) gira bajo el Título de “La Organización Judicial” y en el mismo, primeramente, se dispone que; “…en la República de Hungría la justicia se administrará por el Tribunal Supremo de la República de Hungría, los Tribunales de Apelación, el Tribunal Municipal de Budapest, los Juzgados y Tribunales provinciales y los Juzgados y Tribunales locales y los Tribunales laborales… …por ley se podrá ordenar la creación de Juzgados y Tribunales especiales para determinado tipo de asuntos…”. Mas adelante se ordena al Tribunal Supremo el aseguramiento de la uniformidad de la Administración de Justicia por los Tribunales resultando que sus decisiones son vinculantes. El Presidente del Tribunal Supremo es elegido por el Parlamento, a propuesta del Presidente de la República; los Vicepresidentes serán nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo y los Jueces y Magistrados de carrera serán nombrados por el Presidente de la República y no podrán ser separados o suspendidos de su cargo sino por alguna de las causas establecidas legalmente.
En el artículo 50 de la Constitución se fija el objetivo de que los; “…órganos judiciales de la República de Hungría defenderán y asegurarán el orden constitucional, los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos, las personas físicas y jurídicas, y castigarán a aquellos que cometan actos delictivos… …los órganos judiciales controlarán la legalidad de las resoluciones de la Administración Pública…”.
Seguidamente se establece el Principio de la Independencia Judicial y se articula que la Administración de los Órganos Judiciales se llevará a cabo por el Consejo Nacional de la Justicia. Se requerirá una mayoría de dos tercios de los votos de los miembros de Parlamento presentes para que sea aprobada una Ley sobre la estructura y supervisión de los Órganos Judiciales y sobre el estatus legal de los Jueces.
XVº.- IRLANDA.
Según el artículo 34 de la Constitución Irlandesa la; “…Justicia es administrada por tribunales establecidos por la ley, compuestos por jueces nombrados en la forma prevista en esta Constitución, y, salvo en los casos especiales y limitados prescritos por la ley, será administrada en público… …los tribunales se compondrán de los Tribunales de primera instancia y de un Tribunal de última apelación… …1º Los Tribunales de primera instancia incluirán un Tribunal superior investido de jurisdicción originaria plena y del poder de dirimir todas las materias y cuestiones de Derecho o de hecho, civiles o criminales… …2º Salvo que otra cosa sea prevista por este artículo, la jurisdicción del Tribunal Superior se extenderá a la cuestión de la validez de cualquier ley, considerando las disposiciones de esta Constitución, no pudiendo plantearse dicha cuestión (por vía de alegación, de discusión, ni por otra) ante ningún Tribunal establecido según el presente artículo o cualquier otro artículo de esta Constitución, que no sea el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo… …3º Ningún Tribunal tendrá jurisdicción para cuestionar la validez de una ley ni de ninguna disposición de la ley, proyecto de ley que haya sido trasladado al Tribunal Supremo por el Presidente de la República… …4º Los Tribunales de primera instancia incluirán también Tribunales de jurisdicción local y limitada, con el derecho de apelación tal y como está determinado por la ley…”. Resaltemos que, por expreso mandato constitucional, para ser miembro del Poder Judicial Irlandés es preciso jurar una compleja fórmula que finaliza diciendo; “… ¡Que Dios me dirija y me ayude en ello!…”.
El artículo 35 confiere al Presidente de la República el nombramiento de Jueces y Magistrados, si bien son independientes y estarán sometidos únicamente a la Constitución y a la Ley, no pudiendo ser cesados de su cargo, excepto por declarada mala conducta o incapacidad, y únicamente en virtud de resoluciones aprobadas por la Cámara de Representantes y por el Senado.
Se deja para otras Leyes la fijación del;
- número de Magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior, la remuneración, edad de retiro…
- número de los Jueces de los demás Tribunales y los plazos de nombramiento,
- la constitución y organización de Tribunales,
- el reparto de la jurisdicción, así como
- las normas de procedimiento.
A continuación se establece el Principio de Legalidad, la proscripción de Tribunales excepcionales, los límites de la Jurisdicción Militar y el sistema de Juicio por Jurado. En la práctica se aprecia un lento pero inexorable sometimiento del Juez a las Leyes y su alejamiento del “Precedente Judicial”, propio de la práctica judicial británica.
XVIº.- ITALIA.
El artículo 101 de la Constitución Italiana establece que la: “…justicia se administrará en nombre del pueblo. Los jueces sólo estarán sometidos a la ley…”. Destacar algo que muy bien serviría como concepción de un “Poder Judicial de la Unión Europea” y es que, según la Constitución de 1947 la Independencia no se refiere, particularmente, a cada Juez, sino a la totalidad del “Poder Judicial Italiano”. En el artículo 103 se regula el Consejo de Estado y los demás órganos de la Justicia Administrativa, el Tribunal de Cuentas y los Tribunales Militares. Como se ha dicho, se dispone que la Magistratura constituye un orden autónomo e independiente de cualquier otro poder aunque el Consejo Superior de la Magistratura está presidido por el Presidente de la República y lo componen;
-                          el Fiscal General,
-                          otros Vocales elegidos;

  • por dos tercios por la totalidad de los Magistrados ordinarios entre los pertenecientes a las diversas categorías, y
  • en un tercio por el Parlamento en sesión conjunta entre Catedráticos Titulares de Universidad en materias jurídicas y Abogados con quince años de ejercicio.

Corresponderá al Consejo Superior de la Magistratura las admisiones, destinos y traslados, ascensos y medidas disciplinarias concernientes a los Magistrados cuyo nombramiento se hará por oposición, existiendo los llamados “Magistrados Honorarios”. No podrán instituirse Jueces de Excepción, ni Jueces Especiales y la Ley regulará los casos y las modalidades de la participación directa del Pueblo en la Administración de Justicia.
El artículo 107 impone normas sobre la Independencia de los Jueces, si bien es el Ministro de Justicia quien ostenta la facultad de incoar los expedientes disciplinarios que les atañen. La Autoridad Judicial es el mando directo de la Policía Judicial. El Ministerio Fiscal tiene obligación de ejercer la acción penal y todo Juicio se desarrollará mediante una confrontación entre las partes, en condiciones de igualdad y ante un Juez imparcial.
XVIIº.- LETONIA.
Letonia se estructura, judicialmente en cuatro niveles:
-                          Juzgados de Distrito,
-                          Los Tribunales de Primera Instancia para asuntos:

  • civiles,
  • penales y
  • administrativos,

-                          El Tribunal Supremo y
-                          La Corte Constitucional.
Según el artículo 82 de la Constitución Letona: “…en Letonia, son competentes en los procesos judiciales los Tribunales de distrito (ciudad), los Tribunales regionales y el Tribunal Supremo, pero en el caso de guerra o en estado de la emergencia, también serán competentes los Tribunales militares…”. A continuación el mismo texto determina que los Jueces serán independientes y quedarán sujetos solamente a la Ley.
El artículo 84 fija que los nombramientos judiciales serán confirmados por el Parlamento y serán inamovibles excepto en los casos previstos en la Ley, basado en una decisión del Consejo Disciplinario Judicial o por una Sentencia. Se ordena la existencia de un Tribunal Constitucional que tiene facultad para declarar las Leyes u otras disposiciones o partes de ellas nulas.
XVIIIº.- LITUANIA.
El Capítulo IXº de la Constitución Lituana, relativo a “Los Tribunales” empieza proclamando que en la; “…República de Lituania, la justicia será administrada solamente por los Tribunales… …en la administración de justicia, los Jueces y los Tribunales son independientes… …en la resolución de los casos, los Jueces obedecerán solamente la ley…”, más adelante se especifica que ningún Juez puede aplicar una Ley contraria a la Constitución.
El Sistema Judicial de la República de Lituania comprende;
-                          el Tribunal Supremo,
-                          el Tribunal de Apelación,
-                          los Tribunales Regionales
-                          los Tribunales de Distrito y
-                          para los casos administrativos, laborales, de familia y otras categorías, se pueden establecer Tribunales especializados, conforme a la Ley.
-                          En tiempo de paz no se pueden establecer, en la República de Lituania, Tribunales con facultades excepcionales.
Los Jueces del Tribunal Supremo, así como el Presidente del Tribunal Supremo elegido de entre ellos, serán designados y revocados por el Parlamento conforme a la propuesta del Presidente de la República de Lituania. Los Jueces del denominado Tribunal de Apelación así como su Presidente, elegido de entre ellos, estarán designados por el Presidente de la República de Lituania y sujetos a la aprobación del Parlamento. Los Jueces y los Presidentes de los Tribunales Regionales, los Tribunales de Distrito y otros Tribunales especializados, serán designados, y, en caso de necesidad, sus sedes serán cambiadas, también, por el Presidente de la República de Lituania.
El artículo 114 de la Constitución determina que; “…cualquier interferencia de las instituciones del Gobierno del Estado, de la Administración, de los miembros del Parlamento y otros funcionarios, de partidos políticos, de las organizaciones públicas y de ciudadanos en las actividades de un juez o de un Tribunal, está prohibida y de ocurrir incurrirán en la responsabilidad prevista por ley… …un juez no puede ser procesado, arrestado o estar sujeto a cualquier otra restricción de su libertad personal sin el consentimiento del Parlamento, o, en el período entre las sesiones del Parlamento, sin el consentimiento del Presidente de la República de Lituania…”.
El artículo 117 impone el Principio de La Publicidad y el 118 el Acusatorio. La Constitución Lituana regula las características y funciones del Ministerio Fiscal, dentro del apartado referido al Poder Judicial.
XIXº.- LUXEMBURGO.
El artículo 49 de la Constitución de Luxemburgo establece que la Justicia, así como que las actuaciones judiciales y las sentencias se administra y se ejecutan por los Tribunales y los Juzgados en nombre del Gran Duque.
El artículo 86 dice que; “…ningún tribunal, ninguna jurisdicción contenciosa pueden ser establecidos sino en virtud de una ley. No se pueden crear comisiones ni tribunales extraordinarios, cualquiera que fuera su denominación…” y, seguidamente, se establece un Tribunal Superior de Justicia, el Principio de Publicidad y la imperativa motivación de las Sentencias así como la inamovilidad de los Jueces y sus retribuciones. En el artículo 95 se establece el Principio de Legalidad.
Según el artículo 90; “…los jueces de paz y los jueces de los tribunales son directamente nombrados por el Gran Duque. Los consejeros del Tribunal Superior de Justicia y los presidentes y vicepresidentes de los tribunales de distrito son nombrados por el Gran Duque, previo dictamen del Tribunal Superior de Justicia…”.
Existe un Tribunal Supremo y los Tribunales Administrativos. El artículo 95.3 regula el Tribunal Constitucional cuyos miembros son;
-                          el Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
-                          el Presidente el Tribunal Supremo Administrativo,
-                          dos Consejeros del Tribunal de Casación y
-                          cinco Magistrados nombrados por el Gran Duque.
XXº.- MALTA.
El Título VIIIº (Artículos 95 a 101) de la Constitución de Malta lleva por epígrafe “Del Poder Judicial”. El extenso artículo 95 habla de los Tribunales Superiores estableciendo un Tribunal Constitucional y diversos Tribunales Superiores con jurisdicción prevista por la legalidad vigente, sin concretarlos. En el artículo 96 se especifica que los Magistrados de los Tribunales Superiores serán nombrados por el Presidente de acuerdo con el consejo del Primer Ministro si bien no puede ser designado Magistrado de Tribunal Superior quien no haya ejercido como Abogado en Malta o desempeñado cargo judicial en Malta durante un período de doce años, como mínimo. A continuación se regula la estabilidad en el cargo y los llamados “Magistrados Interinos”.
En el artículo 99 de la Constitución se dice que; “…se establecerán en Malta tribunales inferiores con las facultades y la jurisdicción que se dispongan por la legislación vigente en cada momento…” y seguidamente se regula su nombramiento, por el Presidente Maltés, el Ministerio Fiscal, las vacantes judiciales, la Comisión para la Administración de Justicia y el Comité para Abogados y Procuradores de los Tribunales. Seguramente es la estructura judicial mas simplificada en toda Europa.
XXIº.- PAÍSES BAJOS.
En la Constitución de los Países Bajos el Capítulo VIº (Artículos 112 a 122) gira bajo el nombre de “Del Poder Judicial” y en el artículo 112 se marca una doble posibilidad; “…el enjuiciamiento de conflictos sobre derechos civiles y sobre reclamación de créditos corresponderá al poder judicial… …la ley podrá encomendar el enjuiciamiento de conflictos que no resulten de relaciones jurídicas civiles bien al poder judicial, bien a órganos jurisdiccionales que no pertenezcan al poder judicial…”civiles y sobre reclamación de créditos corresponderá al poder judicial… …la ley podrá encomendar el enjuiciamiento de conflictos que no resulten de relaciones jurídicas civiles bien al poder judicial, bien a órganos jurisdiccionales que no pertenezcan al poder judicial…”civiles y sobre reclamación de créditos corresponderá al poder judicial… …la ley podrá encomendar el enjuiciamiento de conflictos que no resulten de relaciones jurídicas civiles bien al poder judicial, bien a órganos jurisdiccionales que no pertenezcan al poder judicial…”. Seguidamente se fija el Principio de Legalidad, las facultades disciplinarias, la exclusividad jurisdiccional en todo lo relativo a la privación de libertad, la Justicia en tiempo de conflictos bélicos, la abolición de la pena de muerte y la Jurisdicción Administrativa.
En el artículo 116 se especifica la organización del Poder Judicial y, seguidamente, se regula que “…los miembros del poder judicial encargados de la administración de justicia y el Fiscal General del Tribunal Supremo son nombrados de por vida por real decreto… …los miembros del Tribunal Supremo de los Países Bajos se nombran de una terna propuesta por la Segunda Cámara de los Estados Generales…” . El artículo 120 determina que el Juez no juzgará la constitucionalidad de Leyes y Tratados, estableciéndose la publicidad de las Audiencias y la motivación de las Sentencias.
XXIIº.- POLONIA.
El artículo 173 de la Constitución Polaca determina que los Juzgados y Tribunales constituyen un Poder separado y serán independientes de otros poderes del Estado.
La Administración de Justicia en la República de Polonia se ejercerá por;
-                          el Tribunal Supremo,
-                          los Tribunales Comunes,
-                          los Tribunales Administrativos,
-                          los Tribunales Militares y,
-                          en tiempo de guerra pueden ser establecidos Tribunales de Excepción.
Seguidamente se establece el procedimiento de doble instancia, el Principio de Legalidad y el de la Independencia Judicial.
En el artículo 179 se determina que; “…los Jueces serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura por tiempo indefinido…”, siendo inamovibles, excepto sentencia firme que así lo ordene. Una Ley, dice el artículo 182 de la Constitución, marcará la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia y, mas adelante, se dice que el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Presidente de la República entre de los candidatos propuestos por la Asamblea General de los Jueces del Tribunal Supremo.
A continuación se hace referencia a dos órganos:
a)                          el Consejo Nacional de la Judicatura, con miembros tanto elegidos por el Presidente del República como de entre los Jueces y serán
-                          el Ministro de Justicia,
-                          el Presidente de la Corte Suprema Administrativa,
-                          quince Jueces profesionales,
-                          cuatro miembros elegidos por la Cámara de los Diputados de entre sus diputados y
-                          dos miembros elegidos por el Senado de entre sus senadores.
Este Consejo Nacional de la Judicatura tiene por misión la de salvaguardar la independencia de los Jueces y Tribunales y los órganos relativos a la Jurisdicción Administrativa y
b)                         el Tribunal Constitucional, con prerrogativas en relación a la inconstitucionalidad de las Leyes.
XXIIIº.- PORTUGAL.
Según el artículo 202 de la Constitución Portuguesa los Tribunales son los órganos con competencia para administrar la Justicia en nombre del Pueblo y les incumbe asegurar la defensa de los derechos e intereses legalmente protegidos de los ciudadanos, reprimir la violación de la legalidad democrática y dirimir los conflictos de intereses públicos y privados. Los Tribunales tienen derecho a la cooperación de las otras autoridades, estando solamente sometidos a la Ley y nunca podrán aplicar normas contrarias a la Constitución. Deberán motivar sus resoluciones, las Audiencias son públicas, se instituye el Jurado como sistema de juzgar y se protegen, especialmente, los derechos de los Abogados.
El artículo 209 habla de las categorías de Tribunales fijando:
- El Tribunal Constitucional,
- El Tribunal Supremo de Justicia,
- Los Tribunales Judiciales de Primera,
- Los Tribunales Judiciales de Segunda Instancia,
- El Tribunal Supremo Administrativo
- Los otros Tribunales Administrativos,
- Los Tribunales Fiscales,
- Los Tribunales Militares,
- El Tribunal de Cuentas,
- Podrán existir Tribunales Marítimos,
- Tribunales de Arbitraje y
- Juzgados de Paz.
Respecto al Estatuto de los Jueces el artículo 215 de la Constitución Lusa determina que; “…los jueces de los tribunales judiciales forman un cuerpo único y se rigen por un solo estatuto… …la ley determina los requisitos y las reglas de selección de los jueces de los tribunales judiciales de primera instancia… …la selección de los jueces de los tribunales judiciales de segunda instancia se lleva a cabo con prevalencia del criterio de mérito por concurso curricular entre los jueces de primera instancia… …el acceso al Tribunal Supremo de Justicia se hace por concurso curricular abierto a los magistrados judiciales y del Ministerio Público y a otros juristas con méritos, en los términos que la ley determine…”. A continuación se regulan las garantías e incompatibilidades de los Jueces, que son inamovibles no pudiendo ser destituidos, excepto en los casos previstos por la Ley.
Es importante destacar que, en el artículo 217 de la Constitución, relativo al nombramiento, destino, traslado y promoción de los Jueces se determina que siempre compete al Consejo Superior de la Magistratura. Dicho Consejo Superior de la Magistratura es presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y compuesto por los siguientes vocales:
a) Dos designados por el presidente de la República.
b) Siete elegidos por la Asamblea de la República.
c) Siete jueces elegidos por los Jueces; de acuerdo con el principio de representación proporcional.
Seguidamente la Constitución regula (artículos 219 y ss.) al Ministerio Fiscal, que goza de estatuto propio y autonomía y al que le corresponde representar al Estado y defender los intereses que la Ley establece y la Legalidad democrática. Están dirigidos por la Fiscalía General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público.
XXIVº.- REINO UNIDO.
La ausencia de un Sistema Constitucional “al uso” en el Reino Unido de la Gran Bretaña hace preciso que en este somero análisis de diferentes Constituciones nos tengamos que limitar a una mirada a la “Ley de Reforma Constitucional de 2005”, eludiendo, claro está, tantas magníficas Leyes en vigor, como podría ser la “Carta Magna del Rey Juan”, de 1215. El Reino Unido carece de unidad en su Sistema Jurídico y ello se debe a que, en realidad, es una unión de diversos Países, anteriormente independientes. Por ejemplo, en el artículo 19 del Tratado de la Unión, de 1707, está consagrado un Sistema Legal Escocés propio y autónomo.
Existen tres Sistemas Jurisdiccionales;
a)    el de Inglaterra,
b)   el de Irlanda del Norte y
c)   la Ley Escocesa.
La referida “Ley de Reforma Constitucional de 2005” atañe, esencialmente, al Sistema Judicial e, inicialmente dice que; “…ley que prevé la modificación del cargo de Lord Canciller, y crea disposiciones relativas a las funciones de dicho cargo, establece un Tribunal Supremo del Reino Unido y la abolición de la jurisdicción de apelación de la Cámara de los Lores; aborda la jurisdicción del Comité Judicial del Consejo Privado y las funciones judiciales del Presidente del Consejo, así como otras disposiciones sobre el Poder Judicial, su nombramiento y disciplina, y para otros fines relacionados…”. Seguidamente fija los requisitos del cargo de Lord Canciller, el Principio de Legalidad, de Subordinación Constitucional y el de Independencia Judicial. En 2009, cambios legislativos crearon, por primera vez en la historia, una Corte o Tribunal Supremo, como Instancia de Apelación de la Comisión de Apelación de la Cámara de los Lores, sin embargo, es el llamado Comité Judicial del Consejo Privado el Órgano Judicial de mayor rango con competencias en diversas Naciones ya independientes de la Mancomunidad, los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona Británica.
El Poder Judicial incluye los siguientes órganos;
a) Tribunal Supremo,
b) cualquier otro Tribunal establecido conforme con la Ley de cualquier parte del Reino Unido y
c) cualquier Tribunal Internacional.
El Presidente de un Tribunal de cualquier parte del Reino Unido podrá presentar por escrito ante el Parlamento las cuestiones que considere importantes en relación con la Justicia.
El Tribunal Supremo se compone de 12 Jueces nombrados por Su Majestad y nadie está cualificado para ser nombrado Juez del mismo si no ha;
a) desempeñado altos cargos judiciales por un período de, al menos, 2 años, o
b) sido un profesional cualificado por un período de, al menos, 15 años.
Recordemos que, pese a su compleja organización territorial, en el Reino Unido el Tribunal Supremo es un Tribunal Superior de revisión pero Escocia e Irlanda del Norte, por ejemplo, gozan de normas jurisdiccionales específicas.
XXVº.- REPÚBLICA CHECA.
El artículo 81 de la Constitución Checa dice que el Poder Judicial se ejercerá en nombre de la República por Tribunales independientes y el 82 estipula que nadie puede amenazar su imparcialidad.
El artículo 91 fija un Sistema Judicial con la siguiente estructura;
- el Tribunal Supremo,
- la Corte Administrativa Suprema,
- los Tribunales Superiores,
- los Tribunales Regionales y
- los Tribunales de Distrito.
En los artículos 93 y 94 se dice que; “…los jueces son nombrados por un tiempo ilimitado por el Presidente de la República… y que …una ley establecerá qué casos serán juzgados por un Jurado, así como su composición. El resto de los casos serán juzgados por jueces individuales… …una ley puede especificar en qué materias y de qué forma los ciudadanos pueden participar junto a los jueces en la toma de decisiones judiciales…”.
Mas adelante en la Constitución se establece el Principio de Legalidad, el de Sumisión a la Constitución, y los de la Igualdad de Partes, Oralidad y Publicidad.
XXVIº.- RUMANÍA.
El artículo 124 de la Constitución Rumana determina que la Justicia se impartirá en nombre de la Ley, será una, imparcial e igual para todos. Los Jueces serán independientes y estarán sometidos sólo a la Ley y, nombrados por el Presidente de Rumania, serán inamovibles, siendo las propuestas para su nombramiento y estatuto, una prerrogativa del Consejo Superior de la Magistratura, de conformidad con su Ley Orgánica.
Respecto a los Órganos Judiciales Rumanos el artículo 126 de la Constitución solamente dice que; “…la justicia será administrada por el Tribunal Superior de la Casación y de la Justicia y por las demás instancias judiciales establecidas por ley… …la jurisdicción de los Tribunales de justicia y el procedimiento para dictar sentencias serán estipuladas solamente por ley… …el Tribunal Superior de la Casación y de la Justicia proporcionará una interpretación y aplicación unitarias de la ley para el resto de los tribunales de justicia, según su competencia… …se prohíbe establecer tribunales de justicia extraordinarios. Por medio de una ley orgánica se podrán crear tribunales de justicia especializados en ciertas materias, se podrá permitir la participación, de acuerdo con las circunstancias, de personas ajenas a la magistratura…”.
Existe un específico control judicial de los Actos Administrativos de las Autoridades Públicas, así como la competencia de los Tribunales de Justicia, excepto los relacionados con el Parlamento así como la actividad militar. Seguidamente se establece el Principio de Publicidad, el derecho al uso de la lengua materna y a la Segunda Instancia. Los órganos judiciales disponen de una Policía Judicial a sus órdenes.
XXVIIº.- SUECIA.
Las normas que rigen el Sistema Judicial Sueco están contenidas en el “Instrumento de Gobierno” (Capítulo 1. Artículos 8 a 9 y Capítulo 11. Artículos 1 a 14).
El artículo 8º, del Capítulo Iº referido, dice que; “…las reclamaciones relativas a la elección de jurados se presentan ante el tribunal de distrito. Incluso si no han sido presentadas reclamaciones, el tribunal los requisitos de aquellas personas que hayan sido elegidas… …las disposiciones estatutarias sobre reclamaciones contra las sentencias de los tribunales de distrito en procedimientos legales se aplicarán también a reclamaciones contra la decisión del tribunal de distrito sobre las cuestiones especificadas en el párrafo anterior. No existe apelación contra la decisión del tribunal de apelación. Incluso si se interpone una queja, la elección es válida a menos que el tribunal decida lo contrario…”.
Nuevamente el artículo 8 (del Capítulo XIº), que va precedido de un conjunto de normas relativas a la Libertad de Expresión, regula el sistema de Jurados y la imposibilidad de apelar las resoluciones de estos Tribunales. Los artículos siguientes se refieren a la intervención de los Partidos en el nombramiento de los miembros de los Jurados.
Destaquemos que el Poder Judicial Sueco tiene su máximo autoridad en el llamado “Consejo de Leyes”, con facultades para el examen de la constitucionalidad de las Leyes y de la actividad del Poder Ejecutivo. Resulta sorprendente que sus resoluciones no son obligatorias y su labor repercute escasamente. Cabe hablar, pues, de un “un Sistema Jurisdiccional muy poco influyente”.
XXVIIIº.- EL PODER JUDICIAL EN EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA HECHO EN ROMA, EL 29 DE OCTUBRE DE 2004.
Hay que advertir que el siguiente texto de la Constitución Europea carece de cualquier valor legal, tras su fracaso en los referéndums de Francia y de los Países Bajos. Pese a ello, vale la pena un análisis del mismo, del que alguna conclusión para el futuro se podría deducir o, simplemente, no incurrir en algunos dislates, opinamos humildemente, que contenía.
Primeramente recalcar que, en gran medida, la fracasada Constitución Europea se limita a “recopilar” los ya tan repetidos Principios Legales de otras Constituciones analizadas; Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y a un Juez Imparcial (artículo II-107), a la Igualdad, a la Asistencia Letrada, a la Justicia Gratuita, a la Presunción de Inocencia (artículo II-108) y, seguidamente, hace referencia al Principio de Legalidad. En resumen, pues, no aporta nada nuevo.
Muy llamativo resulta que, como Principio General (en el artículo III-257) se estableciera que la “…Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros…”. Si, así es, este Texto Constitucional hace gala u nada innovador, o tal vez regresivo, respeto por los Sistemas y Tradiciones Jurídicos de los diversos Estados. Discrepamos profundamente de este “respeto” que impondría a un musulmán francés el Juicio por un Juez “…guiado por Dios…” irlandés o que impone un Juez Turco a un belga acusado del homicidio de un chipriota, hace la prevención de una exención de una condena penal por el Presidente de la República Eslovaca a un muy monárquico súbdito de la Corona Inglesa, por poner tres ejemplos de los cientos que surgen… Y otra cuestión, de pura impudicia gramatical, es el propio artículo transcrito cuando dice que “…la Unión constituye un espacio de… …justicia…” y que se hace “…dentro del respeto… …de los distintos sistemas… …jurídicos de los Estados…”, sin sonrojo alguno, parece indicar que un “nuevo” Sistema de Justicia va atener de novedoso el respeto y la perpetuación de otros sistemas. Tan absurdo como que el “Parlamento Europeo” se fundamentara en el respeto de los diferentes Sistemas Parlamentarios existentes en la Unión Europea…
En el artículo III-353 se establece que el Tribunal de Justicia actuará en Salas, en Gran Sala o en Pleno, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que estará asistido por ocho Abogados Generales. Los Jueces y Abogados Generales del Tribunal de Justicia serán elegidos entre Personalidades de plenas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para ejercer en sus respectivos países las más altas funciones jurisdiccionales, o que sean Jurisconsultos de reconocida competencia, serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros y, cada tres años, tendrá lugar una renovación parcial de los mismos. Aquí, otra vez, otra más, el “equilibrio de poderes” se inclina hacia el ejecutivo. Con este redactado más que una “Unión Judicial Europea” queda claro que se viene a proponer, como mucho, una amalgama de los diversos Sistemas Judiciales…
El artículo III-358 establece el Tribunal General que será competente para conocer en primera instancia de recursos si bien en el artículo III-359 se dice que la Ley Europea podrá crear Tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, encargados de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. Asombrosamente el Texto rechazado se proponía provocar un vacío legal, una incuestionable alegalidad… desde la propia Constitución.
Finalmente, añadir que el artículo III-374 determina que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para;
- pronunciarse en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta,
- los litigios en los que la Unión sea parte no podrán ser, por tal motivo, sustraídos a la competencia de las jurisdicciones nacionales.
Por último, reseñar que nos felicitamos ante el fracaso de este texto legal insuficiente y dotado de un patente temor a “molestar” la “independencia judicial”, en el sentido, patente y potente, que examinamos seguidamente.
CONCLUSIONES.
En el Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de abril de 2011 el Consejo dispone la; “…creación de un identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) y la definición de un conjunto mínimo de metadatos uniformes de jurisprudencia…”, en la Introducción de tal acuerdo se dice que; “…el artículo 67, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la constitución de un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros… …el Plan de acción plurianual 2009-2013 relativo a la justicia en red europea, del Consejo de la Unión Europea, hace hincapié en la importancia del acceso a la jurisprudencia nacional, en la necesidad de normalización y en un sistema técnico descentralizado… …la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo subraya la necesidad de acceso transfronterizo a la jurisprudencia nacional, con objeto de que el juez nacional …”. Algo de incongruente se percibe entre esta necesidad de acceso transfronterizo a la jurisprudencia nacional para que un Juez nacional pueda cumplir su cometido dentro del ordenamiento jurídico europeo y el rotundo hecho de que el Sistema Judicial Nacional va ser objeto de un respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros… Evidentemente que, en la actualidad, no existe voluntad política, legislativa o judicial de componer un Sistema Judicial no para Europa, sino para los Europeos. Tal vez esta opción sea la correcta y adecuada o tal vez sea una lamentable forma de “hacer las cosas a medias”. Sin duda alguna no nos podemos pronunciar sobre lo acertado o erróneo de una u otra opción. Pero si se creo la “Europol” entre 1994 y 1999 como organismo encargado de la lucha contra el delito en la Unión Europea no parece tener mucho sentido que, descubiertos estos delitos, los acusados reciban un trato judicial diferenciado y si se intercambian datos sobre terrorismos, pornografía infantil, lavado de dinero, crimen organizado, estupefacientes o tráfico de personas poco valor tiene si el lector de cada una de estas informaciones va a adoptar un criterio diferenciado al respecto… El objetivo del Cepol, en realidad, no pasa de la comunicación criminal, función en la que compiten, por ejemplo, con la prensa…
Ante esto la pregunta es clara; ¿y por qué no un Poder Judicial Europeo? Si tenemos moneda única, fronteras libres, Parlamento Europeo y Policía conjuntada, que temor preside a promover la Unión Judicial…
Dejando esa divagación, respecto a este texto, se puede afirmar que, más que a un inútil sobresalto, la divergencia contrastada en los 28 Textos Constitucionales, examinados a vuelapluma, nos debe de conducir a una serena reflexión. Absurdo es pensar que el Poder Judicial, que muy lamentablemente se caracteriza todavía de forma unánime por el ya muy superado valor de la “Independencia”, pueda venir reflejado, en diversas Constituciones con muy escasa similitud.
Solamente si repasamos las Leyes Supremas de Centro América y del Caribe (a excepción de las que se refieren a Méjico, Cuba y Aruba) podríamos hallar esa similitud… fruto, tal vez, de un viejo Imperio Español en el que existían leyes procesales, aplicadas por los Reverendos Padres Dominicos, que se resumen en la frase de “…quemadles a todos, que Dios distinguirá…”, en el que unos Católicos Reyes masacraron o exiliaron a casi una quinta parte de la población a causa, precisamente, de ese catolicismo o en el que zarpaban unos “barcos negreros” con 400 esclavos africanos para dejar una carga de menos de 250… allá en la Habana. Vale; eso es el pasado y solo ha de servir para recordarlo y no repetirlo. Y el futuro… por ahora que no sea el que nos deparaba el texto de la quebrada “Constitución Europea” transcrito líneas arriba; al menos no retrocedamos… Con tal pasado podemos estar muy orgullosos del presente y considerarnos, incluso, como la Primera Cultura Judicial positivamente valorable. Que existan estas diferencias, abismales, no es mas que el fruto de que hace 20 años ningún irlandés, chipriota o español supiera lo que hoy es Lituania, Eslovenia o Eslovaquia y viceversa, al tiempo que todos sabían que dos eran las Alemanias. Es mas, la disparidad que nos hallamos en el Poder Judicial Europeo habrá de ser considerada como un fructífero catálogo de opciones que impulse a una, todavía inédita, generación de Juristas que unifiquen criterios, valores, estructuras y principios jurídisdiccionales de muy diverso origen.
Moisés, Hammurabi, Confucio, Justiniano, Napoleón, Marx o Gandhi, cada uno en su medida, son ejemplos de unificación del pensamiento jurídico que, seguramente, deberían ilustrar a los europeos del siglo XXI; así de claro y así de simple.
Como ya se ha dicho procedemos de muy diversos puntos; tantos como remedios médicos antes que Hipócrates, mapas antes que Ptolomeo, planetas antes que Galileo, especies animales antes que Darwin o la temporalidad antes que Einstein… y eso, precisamente eso, la posibilidad de comparar y escoger lo mejor de cada ciencia fue una ventaja, nunca un escollo.
Sumemos, sin asignar desde una Cámara Legislativa, nuestras Leyes Judiciales y el resultado será una nueva configuración de la “Independencia Judicial”, que nos haga tan poderosos como para poder impartir La Justicia, no desde el “destierro” en una de las estrellas de la bandera de Unión Europea, sino protegidos en el interior del círculo que forman las mismas; Jueces Europeos independientes de verdad, sin sujeción a una “Ley Local”, libres de las cortantes aristas de su correspondiente “estrella”. Plantear así la Unificación Judicial Europea no es una absurda quimera y es que; ¿por qué no un Sistema Judicial Europeo?, pues porque no existen juristas, Jueces, dispuestos a esa labor… al contrario que sí que han existido economistas que han cambiado las monedas con las pagamos o el pasaporte que nos deja viajar… pero no algo mas simple como la inscripción, unificada, de nuestro propio nacimiento y cunado, curiosamente, las matrículas de los vehículos europeos están unificadas… ¿Absurdo, negligente o, simplemente, “en espera”?
Dejemos aquí la reflexión abierta en la confianza de que el “Poder Judicial” -es decir; los Jueces- tome las riendas de su caminar y se conciencie, o simplemente lea, lo que escribiera Montesquieu…
RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Magistrado Jubilado
Mayo de 2011
iuris@ramonmacia.com
www.ramonmacia.com

[1] Las traducciones que utilizamos de los 27 Textos Legales es la que aparece en el texto “27 Constituciones de los Estados Miembros de la Unión Europea”, coordinado por María Rosa Ripollés Serrano y publicado por el Congreso de los Diputados, en Madrid, en 2010.

[2] Las primeras frases de ese texto dicen; “…A todos los que han colaborado de manera tan generosa en este proyecto y que me han enseñado que una realidad efectiva es la de la universalidad de muchos conceptos de la justicia, que, sin embargo, cada jurista, en su ámbito específico, discute muchas veces, deforma tan banal cono definitivamente intrascendente. Gracias a todos. R. M. G…”. Y, en ellas, me ratifico ahora casi tres lustros después.

[3] Prólogo, Joaquín Bayo Delgado. Juez Decano de Barcelona. España, Introducción, RAMÓN MACIÁ GÓMEZ. Magistrado, España. Alemania HANS BOSS, Magistrado. Andorra, ASSUMPA PUJOL, Fiscal General de Andorra, Estonia, EINIKE URI, Experta del Ministerio de Justicia. España, JOSÉ R. DE PRADA SOLAESA, Magistrado. Estados Unidos, VIRGINIA MORGAN, Magistrada. Francia, ANNE CRENIER, Magistrada, Grecia ANNA ZAIRY, Fiscal. Holanda, NOORDHOEK, ERIC WILLEM, Fiscal. Inglaterra, JOHN McNAUGHT, Magistrado. Italia, ARMANDO SPATARO, Fiscal. Noruega, TOR LANGBACH, Magistrado. Portugal ANTONIO LEONES DANTAS, Fiscal. Federación Rusa, TATIANA ALEXEEVA y SVETLANA NAUMOVA, Experta/Juez. Suiza, CARLA DEL PONTE y FÉLIX BÁNZIGER Fiscales. Epílogo, JOAN JOSEP QUERALT, Catedrático de Derecho Penal. España.

UNA APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA Y A LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

Iº.- EL CONCEPTO DE LA PERSONALIDAD. GENERALIDADES.

Desde el punto de vista etimológico, el término “personalidad” procede de la palabra griega “persum”, que se traduciría en cabeza o cara y que tiene la misma raíz que “proposon” que significa máscara. En efecto, en el antiguo teatro greco-romano, los actores utilizaban máscaras y éstas definían el papel que cada actor iba a representar, es decir, su personalidad. La personalidad es el continuado, permanente e individual patrón de pensamientos, sentimientos y conductas propio de cada persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones.

Hoy en día, se entiende por “personalidad” la estructura de pensamientos, convicciones, creencias, opciones, actitudes y conductas que, cada persona de forma exclusiva, adquiere, genera, mantiene, ejecuta y desarrolla, sin apenas fundamentales variaciones, a lo largo de su vida. En realidad, cuando se estudia la personalidad, no importa la conducta de un individuo sino que se indaga cual es el “parámetro de conductas” de un sujeto concreto, o dicho en otros términos; el cómo y el por qué este acostumbra a comportarse de forma similar en situaciones cotidianas.

Lógicamente este “parámetro de conductas” viene enfocado, incuestionablemente, a la satisfacción de nuestras necesidades como seres vivos y seres racionales que somos. Si no fura así “la personalidad” resultaría ser un conjunto de características inanimadas, inmutable y amorfas, con un contenido variable y diferencial en cada ser humano. En realidad, esta pequeña apostilla, es lo que dota de trascendencia, real, material y vívida al concepto de la personalidad, que pasamos a estudiar.

IIº.- DIFERENTES CONCEPTOS PSICOLÓGICOS DE LA PERSONALIDAD.

Sigismund Schlomo Freud (1856-1939), médico y neurólogo austríaco, creador del psicoanálisis, mantenía que para que una persona esté satisfecha sólo necesita trabajo y amor. Por otro lado, Abraham Maslow (1908-1970), psicólogo estadounidense desarrolló una interesante Teoría de la Personalidad, en su obra: “A Theory of Human Motivation” de 1943, basándose en la jerarquía de necesidades humanas; la denominada “Pirámide de Maslow”, que defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Estas necesidades están jerarquizadas en las siguientes escalas;

  • Necesidades fisiológicas.

  • Necesidades de seguridad y protección.

  • Necesidades de afiliación y afecto.

  • Necesidades de estima y

  • Necesidades de autorrealización.

Alfred Adler (1870-1937), médico y psiquiatra Vienés próximo a Freud es considerado como el primer teórico humanista de la personalidad y, en sus teorías, postula una única “pulsión” o fuerza motivacional detrás de todos nuestros comportamientos y experiencias al que denomina “afán de perfeccionismo” según el cual, los seres humanos están motivados positivamente para un constante progreso hacia niveles superiores de los valores que, el propio individuo o su entorno social, considera positivos. Pues bien; dicha motivación, y el progreso que ella va a generar individualmente, es el núcleo de la personalidad de cada uno.

Muy similar a esta idea es la teoría de la auto-realización de Carl Rogers (1902-1987), en la que la personalidad se entiende como la capacidad del ser humano para configurar un “ámbito personal” en el que desarrollar libremente tanto las propias convicciones, concepciones y conductas como las de su entorno. Según este concepto de la personalidad, todo ser humano responde a determinados impulsos para desarrollar su potencial biológico e intelectual para convertirse en aquello que, intrínsecamente, considera que debe y puede llegar a ser.

Desde otras concepciones psicológicas, más asépticas y racionalistas, podríamos referir numerosas definiciones de la personalidad; por citar sólo algunos planteamientos, sobradamente aceptados, recordemos que;

PRIMERO.- Según la mayoría de los “psicólogos clásicos” los factores que intervienen en la personalidad se pueden resumir en:

a) Factores innatos o hereditarios; (conexiones neuronales, humores, glándulas…) que influyen, directamente, sobre el individuo.

b) Factores cognitivos; sentidos, imaginación, memoria e inteligencia, que interactúan con el medio.

c) Factores tendenciales; voluntades y preferencias, que se desean satisfacer.

e) Factores medioambientales; como la educación, el entorno familiar o los vínculos sociales que contribuyen de modo fundamental en la configuración de la personalidad.

f) Factores relativos a la conducta de cada individuo, adquiridos con el tiempo y que determinan un concreto comportamiento vital.

SEGUNDO.- Por su parte, Hans Jürgen Eysenck (1916-1997) intentó delimitar en qué consiste la estructura de la personalidad y para él: “…la personalidad es una organización más o menos estable y duradera del carácter de una persona, temperamento, intelecto y físico que determinan su ajuste único al medio…”, basándose en los siguientes elementos;

A) el carácter; que guarda relación con el sistema de su conducta voluntaria,

B) el temperamento; que está referido al sistema de su conducta afectiva o emocional,

C) el intelecto; que se relaciona con sus patrones de conducta cognitiva o la inteligencia y

D) el físico; relativo a su configuración corporal.

TERCERO.- Según Gordon Allport (1897-1967) cuyas teorías se basan en que la motivación esencial de los seres humanos es la tendencia a satisfacer necesidades biológicas de supervivencia, bajo el nombre de “funcionamiento oportunista”; este funcionamiento se caracteriza por su reactividad, y, además, tiene una connotación biológica. La personalidad, entonces, es “…la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio…”. Desde este criterio se diferencian, dentro de la personalidad, las siguientes facetas:

  • La ideología, que hace referencia a la vertiente interna de la personalidad.

  • El comportamiento o la conducta, que se refieren a la exteriorización de la personalidad.

  • Lo dinámico, que se traduce en el constante intercambio con el medio, de cada individuo

  • La organización, que es la específica estructura de la personalidad de cada sujeto.

  • Los sistemas psicofísicos, que están vinculados con las actividades que provienen de los procesos psíquicos y físicos de los individuos.

CUARTO.- Últimamente, se viene configurando un modelo estructural de descripción y clasificación de la personalidad basado, también, en cinco elementos que, pese a cierta aceptación, recibe importantes críticas ya que ni tan siquiera existe acuerdo sobre las denominaciones de los cinco factores que forman este modelo, siendo las que logran mayor aprobación las siguientes:

1º.- Extraversión / Surgencia / Energía.

2º.- Agrado / Cordialidad / Afabilidad.

3º.- Responsabilidad / Escrupulosidad / Tesón.

4º.- Neuroticismo, o su reverso, Estabilidad Emocional.

5º.- Apertura a la Experiencia / Cultura / Intelecto.

Dejando de lado las diferenciadas configuraciones de la personalidad y hay que considerar que, junto a los anteriores factores de la estructura de la misma, no podemos olvidar que existen otros elementos, como son:

1º.- La voluntad, entendida como la tendencia hacia una meta reconocida por la inteligencia como positiva y que está unida íntimamente a la libertad,

2º.- La ideología, que es el modo de ser peculiar, de cada persona, configurado en base a la posesión y el ejercicio de unas ideas o creencias determinadas y, finalmente,

3º. – La libertad, por la que cada individuo sólo ha de depender de su propia determinación.

IIIº.- EL CONCEPTO DE LA DIGNIDAD.

Junto a la personalidad, y como elemento fundamental e integrante de la misma, pero al tiempo con autonomía propia, se encuentra el concepto de “Dignidad” que, etimológicamente, se deriva del adjetivo latino “dignus” que significa “valioso” y, subjetivamente, es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar nuestra vida material o social. Muchas veces, en el terreno fáctico, resulta difícil diferenciar y distinguir los conceptos de personalidad y de dignidad. En realidad podríamos considerar que ambos conceptos son las diferentes visiones, objetiva o subjetiva, de una categoria superior; la persona.

La dignidad como la han definido, desde Platón (427 -347 a.c.) a Immanuel Kant (1724-1804), es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación social, cultural y económica y sin relación directa con sus creencias, concepciones o ideologías. Todo ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por nada ni por nadie, se adquiere desde el mismo instante del nacimiento y es inalienable. Su base es el reconocimiento de la persona de ser merecedora de un respeto y, como todos tenemos dignidad, resulta que todos mereceremos mismo respeto sin importar ni quien seamos, ni cómo seamos, ni nuestras circunstancias. Es más, cuando reconocemos y toleramos las diferencias de cada persona, para que ésta sea digna y libre, es cuando, también, se reafirma nuestra propia dignidad.

La negación de la Dignidad ha servido, por ejemplo, para justificar la esclavitud ya que se mantenía que el esclavo no era persona, sino un objeto que no tenía alma –mística residencia de la Dignidad- y por lo tanto no poseía dignidad humana. De forma similar se argumentó sobre judíos, gitanos y homosexuales, durante el nazismo.

Desde otra óptica, debemos afirmar que la dignidad de la persona está, necesariamente, vinculada a los siguientes parámetros:

a)             la adquisición de conocimientos que, junto a la inteligencia y a la voluntad, se constituirán como los presupuestos imprescindibles para ejercitar la libertad, para elegir sus propias conductas,

b)             la universalización de la dignidad; el ser humano, varón o mujer, niño o anciano, enfermo o sano, creyente o ateo, malvado o benévolo, súbdito o Rey, chino, blanco o negro… es “siempre digno” y, por ello, incluso al ser más abyecto, hay que reconocerle la máxima dignidad.

Junto a la Dignidad, se sitúa el honor, como aspecto parcial de la misma, que se traduce en el desarrollo de la dignidad mediante la ejecución de determinadas conductas. En ese sentido, el honor es una herencia de la infancia; cuando carecemos de datos y el mundo carece de nuestros datos. Lo normal es que todos, mediante nuestra conducta, hayamos modificado nuestro honor, honorabilidad o heteroestima que, evidentemente, sí que pueden sufrir modificaciones o deterioros pero siempre, al tiempo, siempre cabe la posibilidad de remodelar o reconducir, modificar su conducta y reconstruir su honor.

En esta faceta ya no poseemos todos un mismo grado de honor (a diferencia de lo dicho con la personalidad y la dignidad) porque este honor siempre es susceptible de ser modificado o reconstruido por nuestra conducta específica o por nuestro comportamiento continuado.

IVº.- LOS CONCEPTOS JURÍDICOS DE LA PERSONALIDAD Y DE LA DIGNIDAD.

Resulta incontestable que el concepto de persona es adoptado por el Derecho desde la realidad, ya que éste se limita a aceptar nociones fácticas y sociales previas. En consecuencia, siempre habrán de coincidir el concepto social del individuo con el legal de la persona y, en derecho, persona es todo ser con aptitud jurídica y personalidad es la estructura jurídica que significa, activa y ejecuta dicha aptitud. Sin embargo,paradójicamente, se sigue discutiendo si la personalidad es efecto automático de la realidad social o, por el contrario, se constituye en una condición jurídica, con un origen normativo. Desde ni punto de vista, siempre, desde cualquier concepción legal resultará necesario admitir que:

a) la Personalidad es un atributo natural reconocido por la norma legal pero que

b) el Derecho tan sólo puede dotar de Personalidad a aquellos seres que provienen de la realidad y que, sin embargo,

c) el Derecho no puede privar a nadie de su Personalidad.

Hechas las anteriores acotaciones, resulta que la personalidad se configura, jurídicamente, como la estructura general inherente a toda persona, íntimamente vinculada a la libertad de ideas y

creencias y a los derechos a la integridad física y mental, al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que conlleva un incuestionable respeto por parte de los demás.

Centrándonos ahora en el concepto jurídico de la dignidad, hay diversos criterios, si bien, todos ellos, son, al fin y al cabo, esencialmente coincidentes:

a) Federico Schiller (1759-1805) jurista y dramaturgo alemán, sostiene en su obra “De la Gracia y la Dignidad”, que la dignidad se asienta en la autonomía de la voluntad de cada ser humano.

b) Las concepciones humanistas afirman que la dignidad de la persona constituye el límite legal del Poder del Estado. O bien el llamado “humanismo laico” que refiere el concepto de la dignidad como fundamento de la libertad y la igualdad de los derechos del hombre.

c) Rudolf Stammler (1856-1938) doctor en derecho y filosofía, de cuyas ideas era firme partidario el español Giner de los Ríos (1839-1915), elaboró una serie de principios relativos a la configuración jurídica de la Dignidad, que se resumen en cuatro y se agrupan en dos clases, a saber:

1º) Principios de recíproco respeto:

a) los fines y los medios de una persona no pueden quedar al arbitrio de otro y

b) la exigencia de dispensar un trato o relacionarse con otra persona con la debida dignidad.

2º) Principios de la participación:

a) una comunidad nunca podría rechazar a nadie en base a criterios inmotivados y

b) la capacidad jurídica inherente a cada persona deberá ser ejercida siempre desde la dignidad.

Para Giorgio del Vecchio (1878-1970), la idea de la justicia, gira en función de la dignidad de la persona individual y de la paridad o igualdad jurídica.

Para Luís Recasens Siches (1903-1977), filósofo del derecho mejicano, dos son los ejes de la dignidad humana, a saber:

- el derecho a la vida y

- el derecho a la libertad individual.

Según Recasens, el ser humano se diferencia de los animales por su dignidad personal y la idea de la libertad de la persona está implícita en la de la dignidad. En sus ideas sobre la extensión y alcance del derecho a la vida digna y libre, incluye algunos aspectos, entre los que destacan:

1º) el derecho de todo ser humano a que los demás individuos no atenten injustamente contra su vida, integridad corporal o salud,

2º) el derecho de todo ser humano a que el Estado proteja su vida y su integridad corporal contra cualquier ataque de otra persona,

3º) el derecho de todo ser humano a que el Estado respete su vida y su integridad corporal,

4º) el derecho de todo ser humano a que la solidaridad social le provea de los necesarios auxilios para su subsistencia.

Vº.- LOS PRINCIPALES CARACTERES DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.

Después de una tan extensa introducción procede ya hablar de la caracterización general de los derechos de la personalidad. Y, muy escuetamente, pues sobran tratados que al respecto se refieren, podemos definirlos siempre dentro de estas coordenadas:

a) Son derechos personalísimos, lo que significa que los derechos de la personalidad existen en cada ser humano por el hecho de existir, sin necesidades o requisitos complementarios. Se debe entender que un derecho se considera personalísimo siempre y cuando, inexcusablemente, tan solo lo puede ostentar, activar o desarrollar  su titular, sin posible trasmisión a otra persona.

b) Son inherentes a cada persona en particular. Muy escuetamente podemos decir que sólo son derechos de cada persona los que gozan de una serie de particularidades como son la inalienabilidad, la indelegabilidad, la indisponibilidad, la irrenunciabilidad o la imprescriptibilidad, por citar algunas, dicho en los términos más clásicos.

c) Además, estos Derechos, configuran y generan un deber general de respeto. Dado que la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad fundamenta la convivencia ciudadana, es evidente que los derechos de la personalidad deben ser objeto de un escrupuloso respeto general. En tal sentido, si fueren vulnerados o desconocidos,

su titular puede ejercitarlos y reclamar su protección frente a todos, ya se trate del propio Estado o de los restantes conciudadanos. En consecuencia, los derechos de la personalidad pueden ser calificados como generales o en otra terminología, como absolutos.

d) Los derechos de la personalidad no tienen un sustento patrimonial, en cuanto, en sí mismos considerados, deben ser excluidos “del comercio de los hombres”.

e) Estos derechos se distinguen y se reconocen claramente en los ámbitos de la seguridad y de la libertad indispensables para el desarrollo de cada individuo.

f) En la acepción genérica del término, son Derechos Subjetivos, en cuanto permiten a su titular reclamar el respeto general y, en caso de lesión, recurrir al auxilio de la justicia y la oportuna sanción al infractor.

VIº.- EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.

La clasificación de los derechos personalísimos ha de realizarse atendiendo a los bienes jurídicos de la persona que protegen. En este sentido se ha clasificado a los derechos de la personalidad en:

a) Derechos de la integridad física: dentro de los que quedan comprendidos todos los derechos relativos a una persona sobre su propio cuerpo; principalmente la protección de la integridad física.

b) Derecho a la no discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

c) Derecho de todo individuo, como ciudadano, a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

d) Derechos de libertad ideológica, de pensamiento o la que se vincula a la libertad de conciencia (libertad religiosa, libre expresión de ideas, etc.). Estos derechos atienden al ejercicio sin trabas tanto de las fuerzas físicas como de las espirituales. Además, nadie puede venir obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. En la Constitución Española se reconocen y protegen los derechos:

-A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

- A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

- A la libertad de cátedra.

- A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

e) Derecho a la igualdad ante la ley.

f) Derecho a la libertad personal, según el cual nadie puede ser privado de su libertad,

g) El Derecho al domicilio constituido como un ámbito personal inviolable.

h) Los Derechos de la Personalidad abarcan al secreto de las comunicaciones personales o comunitarias.

i) La Personalidad implica el reconocimiento del derecho de reunión pacífica y sin armas así como el derecho de asociación.

j) La personalidad implica el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza.

Como cerramiento de los anteriores Derechos –pero también como Derecho de la Personalidad individualizado- se entiende que las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

RAMÓN MACIÁ GÓMEZ

Magistrado Jubilado

iuris@ramonmacia.com

Mayo de 2011

EL QUERULANTE

“…querellarse por pequeñeces forma parte

de la naturaleza humana…”.

Shakespeare, en “Otelo”

Iº.- INTRODUCCIÓN.

Si la política engendra megalómanos y la medicina hipocondríacos, el derecho genera “querulantes”. El querulante es ese personaje que se pasa media vida en las sedes judiciales, que envía extensas y documentadas cartas a la redacción de los periódicos y pulula en las ventanillas administrativas tramitando, por sí mismo, unas infundadas pretensiones de las que no desistirá fácilmente. Un artículo publicado en “El País”, en fecha 18 de mayo de 1993, se iniciaba con la siguiente reflexión: “…el querulante no es una carta del tarot ni un personaje de carnaval. Es una figura psiquiátrica, un delirio que presentan algunos pacientes que han hecho del pleito la razón de su vida…”. Continuaba, el referido artículo de “El País”, con la valoración que hacía la psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, Doña Carmen Sáez Buenaventura; “…es una situación que tiene su origen en hechos corrientes de la vida, una pequeña injusticia… …la persona que la sufre se ha sentido lastimada en su honor o en su orgullo y reacciona de forma excesiva… …algunas personas llegan en sus reclamaciones hasta al Tribunal Supremo. Incluso escriben cartas al Rey…”. Sin embargo, resulta que en España, insistentemente, nos empeñamos en ignorar esta figura, médicamente reconocida, que, por lo demás, es imposible que pase desapercibida en las Sedes Judiciales. A ellos nos vamos a referir en estas líneas.

Las ideas delirantes, o delirios, son convicciones erróneas, manipuladas y, a menudo, incongruentes, que un sujeto asume con una certeza y una clarividencia irrefutables ante la realidad objetiva o la crítica exterior. Además, como casi todos los delirios graves, es persistente en el tiempo y tiene importante incidencia en la personalidad o en el modo de vida del que lo padece. En el tema que tratamos, el individuo sano, siempre sabe y puede distinguir entre lo que es el ejercicio de sus derechos legítimos de denuncia y/o reclamación y lo que es una estéril ofuscación reivindicativa, con la capacidad de análisis ordinaria, de la que carece el querulante y que, precisamente, en esa carencia, se asienta la base de su enfermedad. El perfil psicológico de los afectados por esta patología es el de alguien que sobrevalora el Sistema Judicial y la propia Justicia, tiene carácter susceptible, es desconfiado, presenta un desarrollo afectivo deficitario y es obstinado, poco sociable, rígido en sus creencias y con cierto grado de dependencia de cualquier sistema normativo.

El Doctor Kurt Schneider, reconocido psiquiatra que en 1931 llegó a ser Director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de Munich, identificó, en los años 20, al querulante, como una “personalidad paranoide”, situada en las proximidades de las figuras del fanático y del excéntrico. Este dato histórico implica que lo que, casi sin excepciones, nosotros o ignoramos o consideramos, hoy y ahora, en España un “pesado” o un “desocupado que se entretiene en los Juzgados”, hace casi cien años, en Europa, ya se calificaba como un enfermo que, además, producía un importante deterioro de los servicios de la Administración Pública. Y, también, es significativo que, en aquella atormentada Alemania de entreguerras, el Legislador, luego lo vamos a ver, tuvo tiempo para evitar, mediante la Ley, los perniciosos efectos que el querulante causaba y que el Dr. Schneider había estudiado minuciosamente. Insisto, hace ya unos 100 años y en Alemania, analizaron y bloquearon las conductas de este tipo de ciudadanos que hoy y en España, exagerando algo, generalmente, sólo merece comentarios tabernarios, cuando los Excmos. Sres. Magistrados se reúnen, para relajarse y comentar incidencias, al término su jornada matinal. Un mismo problema y dos respuestas diferenciadas.

Resulta tan asombroso como alarmante que, en España, en no pocas ocasiones, los querulantes gocen, incluso, de algún aprecio entre el funcionariado judicial y, ello se debe, seguramente, a que suelen ser individuos educados, corteses e inteligentes pero que, a la vez, malgastan estos valores cuando se obstinan en poner una exagerada parte de sus capacidades intelectuales y de su tiempo al servicio de una meta: obtener, en sus numerosos pleitos, una victoria final, que, además, habrá de tener, normalmente, forma de sentencia ya que no suelen recibir con agrado un allanamiento o un reconocimiento de “su verdad” que no tenga un origen normativo u oficial; por eso mismo se pueden detectar fácilmente, incluso antes del desplieguen de su conducta, y es que, siempre, son individuos metódicamente renuentes a pactos o acuerdos extrajudiciales. Evidentemente, es un tipo de delirio situado, casi exclusivamente, en el ámbito administrativo y, más en concreto, judicial; ámbito éste, que, sin embargo, paradójicamente, en España, no se detiene a examinarlo atentamente o, incluso, lo desconoce, aun cuando éste está claramente caracterizado;

a)                          por la muy exteriorizada, pública y notable reincidencia insensata, en interesarse desproporcionadamente sobre “su asunto”,

b)                         por la no aceptación de las sentencias o resoluciones judiciales que no le sean, íntegramente, favorables,

c)                         por sentirse víctima de figuradas injusticias, que no se aplacan con los razonamientos del juez de turno, ya que supone, por principio, que sus derechos son permanentemente vulnerados,

d)                         porque, también, vive convencido de una connivencia del Juzgador con la parte contraria o, en otros casos,

e)                          porque considera, al propio Juzgador, un incompetente.

Según el psicólogo Don Miguel del Nogal, del Colegio de Psicólogos de Madrid, el tratamiento para la patología del querulante se habrá de basar en la re-estructuración de los pensamientos delirantes, teniendo un pronóstico de notable mejoría transcurridos, tan sólo, unos 10 meses del inicio de dicho tratamiento, generalmente ambulatorio.

Convendría aceptar, con criterios científicos y metódicas estadísticas, que el asunto ni es anecdótico ni cómico; más bien merece un serio planteamiento si queremos, en España, una Justicia efectiva y asequible para todos. Por ejemplo, según el informe anual de 2006 del Defensor del Pueblo, el número de ciudadanos que de manera individual o colectiva plantearon quejas a la Institución fue de 89.518 y en el año 2005 lo habían hecho 36.910. Es decir, un incremento del 126%. Y es que, desde hace una década, examinando, también, las Memorias Anuales del Consejo General del Poder Judicial (hemos superado ya, con creces, el total de asuntos penales (811.134) y civiles (1.522.429) de la estadística de 2006, en el mes de septiembre de 2008) podríamos decir que se ha asentado entre una parte, minúscula pero muy llamativa y perniciosa, de la ciudadanía española la “cultura de la queja”, caracterizada por sobreestimar el valor de los propios derechos y la exigencia de una continua protección del Estado.

Tal vez sea hora de meditar que, ampliando el número de Juzgadores y de Juzgados, si con ello se logra una Justicia más eficaz para todos, también estamos fomentando, en alguna medida, el caldo de cultivo en que vive el querulante, que se multiplica en la sociedad española, creo que no exagero, en proporciones peligrosas. Un dato para la meditación: ¿no resulta asombroso que Juzgados de nueva creación, al año de su puesta en funcionamiento, estén colapsados? Un segundo aspecto del asunto, ¿por qué, teniendo, los Juzgadores, tan a mano, a los médicos forenses es casi imposible hallar, entre los legajos judiciales, dictámenes médicos sobre las estrambóticas conductas y truculentas estrategias de estos litigantes? Y, finalmente, un tercer enfoque preocupante ¿no resulta obvio que el tipo del artículo 463 del Código Penal es, en realidad, un subtipo de otra conducta de mayor extensión, tan implícita como impune? Al menos, ante la duda, dejemos patente que este precepto legal, no protege de nada al ciudadano, sino que limita su ámbito a la exclusiva defensa de la Administración de Justicia, trastocando, con ello, la habitual lógica de todo sistema punitivo.

IIº.- LA VALORACIÓN DEL FENÓMENO DEL QUERULANTE EN ESPAÑA.

Sin temor alguno, podemos afirmar que la indiferencia, o el desconocimiento, mas negligente que voluntario, de este fenómeno en la España actual, por las Instituciones y Autoridades con competencia en el tema, no sólo es flagrante sino que, lamentablemente, como luego veremos, es causa directa de que, al final, la mayoría de los españoles no dispongamos de una Justicia un poco más eficaz y algo más adecuada.

Evidentemente el querulante no es sólo una patología psiquiátrica española, es común en todo el planeta. Pero, en España, hay un hecho diferencial; la admisión a trámite de un asunto judicial en Estados Unidos de América, en Alemania, en Japón o en Turquía es absolutamente diferente, por su grado de exigibilidad, que entre nosotros. Es decir que, por ejemplo en lo penal y para la Justicia Española, los llamados “indicios racionales de criminalidad” están constituidos, en muchas ocasiones, por cualquier argumento, por grotesco, inverosímil o inviable que sea, dicho con todos los respetos. Basta examinar el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para entender que lo excepcional, en nuestro Sistema Legal, es que el Instructor no proceda a investigar una denuncia y que el artículo 264 de la misma Ley viene a imponer un deber generalizado de denunciar, pero, de forma incomprensible, expresamente también exime, en la denuncia, de la acreditación de lo denunciado. Todo ello, aliñado con el exquisito rigorismo con que se describe la conducta punible del artículo 456 del Código Penal.

Protegidos por la sombra de este árbol envenenado, casi todos sabemos de imputaciones y reclamaciones tan escandalosamente infundadas como farragosas y acaparadoras de la labor de mas de un Oficial de la Administración de Justicia Española que, cuando después de innumerables trámites innecesarios, llegan al Juez o al Secretario, para su resolución, les van a consumir interminables horas de desaprovechado tiempo y, esto es lo más grave, van a generar dilaciones en el trámite de otros asuntos que, nada llamativos, encierran conflictos de intereses de una necesaria y urgente solución judicial, para el común de los justiciables.

Mucho mas pernicioso, pero que goza de una muy similar permisibilidad, es la conducta querulante aliada con específicos factores. Citemos cuatro ejemplos que, impúdicamente, son conocidos por todos.

1º.- Cuando la conducta querulante está ligada a un medio informativo o a un ideario extralegal. En el Juicio por la mayor matanza de ciudadanos acontecida, desde los años 40 en España, es fácilmente detectable que ciertos medios informativos y ciertas formaciones políticas y cívicas, están poniendo todos sus empeños, como palos en las ruedas del carro de la Justicia, en la imputación a la banda ETA, de ese hecho. La Administración de Justicia Española, lamentable e irresponsablemente, admitió y ocupó su tiempo (y lo sigue ocupando) durante mas de dos años, en el análisis y la razonada resolución no de grotescas hipótesis o de delirantes deducciones, sino, simplemente, de estupideces y majaderías. Personalmente, la única información útil que, por ahora, he obtenido de semejante despropósito es saber que el ácido bórico sirve para matar cucarachas. ¿Cuántos asuntos hubiera resuelto el Instructor de la causa o los Magistrados de la Sala, si a lo estúpido le hubiera dado el trámite correspondiente? Pues muchos, porque el trámite correspondiente era el de la papelera. Una reflexión: ¿por qué uno de los principales imputados en esta masacre, que fue juzgado en Italia, cuando aquí se abría la vista oral, su conducta ya era merecedora de una sentencia, que en nada hablaba de ETA? La sentencia italiana no habla, excepto escueta referencia, de la banda ETA, simplemente porque, en aquel Tribunal, las alegaciones acusatorias, olvidaron mencionarla. En la mente de todos hay otros muchos ejemplos que, en la anormal situación española, hasta nos cuesta, en algunas ocasiones, distinguir o desvelar.

2º.- Otra estribación de la conducta querulante, que los españoles admitimos casi complacientemente, es la que se produce cuando dicha patología se entrecruza en la digna profesión de la Magistratura o la Fiscalía. Digo dos palabras y no continúo: “Jueces Estrella”.

3º.- Si ha saltado una alarma de prudencia en la redacción párrafo anterior (y por ello quedará mutilado) ahora es mi admiración y sincero afecto por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Español lo que va a resumir adecuadamente este tercer apartado. No podemos ignorar algo obvio; hay policías querulantes. Asuntos como el “Comando Dixan” o la “Iglesia de la Cienciología” o esas tan fugaces como aparatosas “Redes de Pornografía Infantil en Internet” son de todos conocidos. Aquí comentaré una situación que yo, personalmente, viví cuando ejercía como Juez en un pueblo de la costa catalana. La Comisaría me anunció una redada de traficantes de drogas avisándome de que, en la mañana siguiente, me presentarían 9 detenidos. Era por la tarde y, para adelantar tiempo, pedí al Inspector de Guardia, una copia del atestado, aunque estuviera inconcluso. Después de unas dos horas de aburrida lectura me tope con un dato: Peso Total: 0,300 gr. de cocaína. Repasé el asunto y sobre las dos de la madrugada llamé a la Comisaría ordenando la inmediata puesta en libertad de todos los detenidos. Debe ser porque había dormido poco, pero creo recordar que, sobre las 9 de la mañana, el Comisario, sin los debidos respetos, me pidió explicaciones sobre la orden dada. Pues bien, esta conducta consistente en fabular delitos y proceder a detenciones, en una infinidad de modalidades, acontece diariamente en las sedes policiales españolas y nadie la ataja, por ahora. Ocurre que, más bien, incluso, esta conducta es merecedora de algún elogio, sobre todo si se conjunta con sustantivos tales como “drogadicto”, “inmigrante” o “chabolista”, por poner tres lamentables ejemplos.

4º.- Y, por último, demos paso a la vertiente más sangrante del tema; el Abogado querulante. Ahora, como en el segundo epígrafe, ha vuelto a sonar la alarma de la prudencia. Por ello, sólo me limitaré a recordar que existen unas Comisiones Deontológicas que nunca, jamás, sancionan la obstructiva labor para el buen desarrollo de la Justicia que provocan, siempre y en cada partido Judicial, una escasa decena de abogados, de los cientos y miles que hay en cada Ilustre Colegio, y que, aquí, además de causar un daño importante a la ciudadanía se lo generan a los propios compañeros de profesión que, sin embargo, inconcebiblemente, les guardan el mismo respeto que envidia a las minutas que cobran de los desgraciados ciudadanos que han caído en sus redes. Recuerdo un caso de alguien, ya legalmente divorciado, que pretendía, asesorado por su letrado, impedir las segundas nupcias de su excónyuge, “por el bien de sus hijos”.

IIIº.- LA ACTITUD ESPAÑOLA ANTE EL FENÓMENO DEL QUERULANTE.

La valoración, el análisis y el veto a la conducta querulante tienen que cambiar, radicalmente, en España. Tal vez, es un oculto estigma de la Dictadura el hecho de que un Juez, que se atreva a rechazar, de plano, determinadas formas de acceso a la Justicia piense que ello será confundido con una conducta nada democrática. Los Excmos. Señores Magistrados del Tribunal Supremo se han criado, personal y jurídicamente, cuando denunciar a un policía, a un alcalde o a un vulgar “franquista” suponía cierto quebrantamiento de las normas admisibles de conducta oficial, adecuada o legal. Y así se admitían denuncias por llamar “Gran Vía” a la “Avenida de José Antonio”. Y tal vez, por eso, muchos tengamos marcado a fuego, en nuestra “genética jurídica”, que cerrar el acceso a la Justicia a un ciudadano sino es ilegal, debe ser incorrecto, imprudente o criticable.

Y como vamos a ver, en el epígrafe siguiente, simplemente, es que no es así. Es, más bien, todo lo contrario. Perdónenme si me equivoco, pero creo que si un Juez ocupa su tiempo con asuntos sin fundamento, no solamente no va a satisfacer, en nada, a las pretensiones del querulante de turno sino que, seamos claros, está denegando, dolosamente, el “Acceso a la Justicia” a la generalidad de la ciudadanía. Y eso se llama, desde otra óptica, dilación indebida, y eso, además, está prohibido por la Ley, pero no la Ley Procesal que estruja el querulante, sino, otra Ley: la Constitución Española.

IVº.- LA VALORACIÓN DEL FENÓMENO DEL QUERULANTE FUERA DE ESPAÑA.

El concepto americano de “más allá de una duda razonable” se caracteriza, básicamente, por su aspecto restrictivo, al igual que ocurre con el veredicto de “unanimidad” o con la exigencia de costosos abogados, fianzas o cauciones para interponer pleitos. Y la Excma. Sra. Virginia Morgan, Magistrada de Michigan, Detroit, nos confirmaba que para actuar, en la práctica totalidad de los asuntos judiciales, la parte afectada debe contratar un abogado privado y pagarlo a su costa, en el Sistema Procesal en la que ella ejerce.

Vale la pena, ahora, recordar que el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal Italiano establece que la denuncia sólo es obligatoria: “…1º.- Cuando se tiene noticia de un delito contra el Estado para el cual la Ley establece pena de cadena perpetua… …2º.- Cuando el denunciante recibe dinero o compra cosas provenientes de delito, sin tener, originariamente, conocimiento de su procedencia ilícita…”. Curiosamente, esta legislación se sitúa justo en las antípodas del artículo 264 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero, además, en Italia, la denuncia anónima está prohibido que sea utilizada, en algún caso, para incoar un proceso, salvo que constituya el cuerpo del delito, todo ello según nos señaló el Fiscal Anti-Mafia de Milán y Vocal del Consiglio Supperiore de la Magistratura el Excmo. Sr. Armando Spataro.

Según la Magistrada francesa, Ecxma. Sra. Anne Crenier “…la víctima de una infracción puede denunciar dicha infracción sufrida pero, en la fase de la investigación inicial, no dispone de ninguna prerrogativa, al menos hasta la decisión de la Fiscalía sobre la denuncia…”.

En Alemania, citando al Excmo. Sr. Magistrado Hans Boss “…la víctima carece de derechos durante la fase de la investigación. Sin embargo, podrá adherirse a la acción pública… …la víctima puede actuar, también, en determinados delitos perseguibles por querella como acusador; el Ministerio Fiscal no actuará en estos casos…”.

El artículo 224 de la Ley Procesal Noruega (que es única para lo Civil y lo Penal) dice que la investigación preliminar sólo se realiza cuando “…como resultado de una denuncia u otras circunstancias, existe motivo suficiente para investigar si existen hechos delictivos…”, según nos indicó el Excmo. Sr. Juez Tor Langbach.

En Inglaterra y Gales, en palabras del Excmo. Sr. Magistrado John McNaught, “…es posible, aunque muy poco frecuente, formular una acusación de forma privada, es decir, sin intervención de la Policía o del Servicio de Acusación de la Corona…”.

En Holanda, el Excmo. Sr. Fiscal Eric Willen Noordhoek nos informaba que “…en los Países Bajos se parte del principio de dominio litis, lo que significa que, únicamente, la Fiscalía tiene el poder de proceder judicialmente contra una persona…”.

En la Federación Rusa, el artículo 136 el Código de Procesamiento Penal determina que se adquiere la cualidad de perjudicado por un delito, solamente, después de que así lo determine, mediante resolución específica, la Autoridad Judicial, según nos decía la Excma. Sra. Magistrada Svetlana Naumova, que ejerce en San Petersburgo.

En la vecina República de Portugal existe la institución del inquérito que es una investigación ineludiblemente previa a todo proceso que está atribuida, exclusivamente, al Ministerio Público con auxilio policial, y los ciudadanos, solamente, podrán intervenir en el Proceso cuando, finalizado el inquérito, le sea concedida esa posibilidad por el Juez Instructor, según nos ha aclarado el Excmo. Sr. Fiscal António Leones Dantas.

Basta de ejemplos, ya hemos interrumpido la labor, específicamente judicial, de demasiados Magistrados. Con lo dicho cualquiera puede entender las razones por las qué el querulante es habitual en los Juzgados españoles y casi desconocido fuera de nuestras fronteras. No porque no exista la enfermedad psiquiátrica, sino porque el desarrollo de la misma, en otras latitudes, está legalmente evitado, limitado, o prohibido en la normativa procesal correspondiente, al contrario de lo que ocurre en España. Pero; ¿por qué?

Vº.- EL QUERULANTE COMO LIMITADOR DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.

Sí ¿por qué? O, ¿qué es lo que nos hace diferentes de nuestro entorno judicial? Antes adelanté que podría ser un estigma invisible de la dictadura franquista. Seguramente, ese argumento es una excusa tan cómoda como incierta.

Primeramente quiero señalar una asombrosa curiosidad de nuestra Constitución y es la siguiente; el artículo 24 se inicia así: “…todas las personas…”. Pues bien, observemos que ningún otro artículo del Capítulo II Sección I, relativo a los Derechos Fundamentales, de la Carta Magna, tiene tan amplia extensión. “Todos” (artículo 15), “nadie” (artículo 16), “toda persona” (artículo 17), “los españoles” (artículo 19) o “los ciudadanos” (artículo 23), por citar los mas relevantes. Repito e incido en la curiosidad de que el “Acceso a la Justicia”, por imperativo constitucional, se otorga a “…todas las personas…”. Pues bien, que me perdonen los constituyentes, pero, tal vez, el uso de esa expresión pudiera ser equívoco: los menores de edad son personas pero no pueden interponer querellas o los terceros ajenos son personas que no intervendrán en pleitos testamentarios, o los extranjeros son personas pero no pueden acudir al Juez para impugnar una votación de un cargo público, por ejemplo, el del Alcalde del lugar español en que residen ¿o no?

De lo anterior, que no pasa de la mera anécdota, si que me permitiré sacar una conclusión; sociológicamente, y también judicialmente, el “Acceso a la Justicia” no está asumido ni asimilado como un Derecho Fundamental, en idéntico plano que los demás, y es, en cierto modo, considerado el Derecho de Acceder a los Derechos; el Derecho que “genera” los Derechos (y, por eso, es que se atribuye a todas las personas). Y, basándose en esa confundida concepción, humildemente creemos, que ocurre que la Administración de Justicia lo sobrevalora, olvidándose, entonces, de algo tan fundamental como que todo Derecho tiene límites y, siempre, puede entrar en conflicto con otros Derechos, decayendo. Me explico; nos cuesta, a muchos juristas españoles, aceptar o alabar que la Administración de Justicia deba cerrarle las puertas a alguien, o expulsarlo de las Salas de Audiencia o denegarle una respuesta o inadmitirle, sin específica resolución, una pretensión, tras una simple lectura de la misma. ¿Y si entendiéramos que tal conducta no es ni cerrar puertas ni expulsar a nadie, sino algo más evidente; no abrir la puerta o no alojar a lo que, intrínsecamente, es tan inadmisible y pernicioso como una manzana podrida entre las sanas? La vigente configuración de las Sedes Judiciales, como espacios permanentemente abiertos a todos los ciudadanos, no es, precisamente, la más adecuada ya que todo lo excesivo es, al tiempo, molesto. Dicho en otras palabras, la Administración de Justicia, si quiere ser eficaz, debe de soslayar todo impedimento para obtener esa eficacia y si el impedimento es el Justiciable lo correcto es anteponer la Justicia al Justiciable y no que sea el Justiciable quien manipule o articule, según sus egoístas intereses, la Administración de Justicia, como aquí parece que asumimos placidamente.

Si acogemos la anterior configuración cabe, perfectamente, entender y definir, como un deber del buen Juez, despreciar todo aquello que impida el correcto funcionamiento del Juzgado en el que trabaja. Y es que, un pleito injustificado, que colapsa un órgano judicial, en un grado aunque sea mínimo, en realidad lo que hace es impedir, a otros ciudadanos, recibir la debida atención de la Justicia. Y, sorprendentemente, acaba resultando que el amparo o la acogida a pretensiones como la que veíamos del 11-M, en definitiva, se constituye no como una denegación de Justicia para otros, sino que, sumergidos en el disparate, se configura como ¡¡una garantía procesal!! ¿Cómo va a ser garantía una actividad perniciosa para todos los españoles? Y, además ¿qué se garantiza; el derecho a fabular ante el Juez? Pero si esa delirante “garantía procesal” no osó referirla ni Cervantes en El Quijote; y oportunidades habían.

En realidad, los llamados “Jueces Estrella” o los “Abogados Querulantes” son exclusivos garantes de sus ilegítimos intereses, al tiempo que conculcan, sin miramiento alguno, los intereses legítimos y fundamentados de la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Por cierto, esa concepción era, precisamente, la que asumía el Santo Oficio y en la que los Inquisidores sustentaban su poder, cuando no sólo limitaban el “Acceso a la Justicia”, si no que lo habían sustraído, en muchos aspectos, a su legítimo propietario; el Pueblo Soberano.

Desde otra óptica, podemos concebir que la absoluta atención a todas las denuncias o demandas ciudadanas, sin tamiz alguno, en el fondo, viene a generar una colisión de derechos entre distintos ciudadanos. Quiero decir que los derechos que entran en conflicto se refieren al mismo valor, el del Acceso a la Justicia, pero con protagonistas o titulares distintos. Visto así el tema, resulta, entonces, muy sencillo. Ante una Colisión de Derechos prevalecerá siempre el de mayor rango o interés, lo que se traduce, en la practica, es en que el Juez debe rechazar o posponer la disparatada pretensión y centrarse, en su labor profesional, que es la protección de los derechos e intereses legítimos y coherentes de sus conciudadanos, aunque estos no se pasen inútiles horas presentando papeles, preguntando por “su asunto” o amenazando con quejas. Y ello, aunque el conflicto de intereses, excepcionalmente, se plantee en pleitos no conexionados directamente. Porque la Justicia, que es Una, es igual para todos, y eso es tan evidente como lo contrario, todos somos iguales ante la Justicia. Y, ante esta recíproca igualdad, el Juez debe de optar por atender primeramente lo mas urgente, lo mas necesitado de Justicia, en una palabra; lo mas justificado. Y ese no es, precisamente que digamos, el caso del querulante cuya pretensión, o mas bien patología, debería ser objeto de atención médico psiquiátrica y no de estudio o sentencia alguna. Y, hablando de médicos, ¿alguien se imagina a un doctor que atendiera en primer lugar a los hipocondríacos y dejara a los infartados para cuando se haya librado del incesante acoso de los primeros? Pues, bromas aparte, y con todos los respetos, hay mas de un juez, o un centenar de jueces, que resuelven con prioridad los asuntos de aquellos abogados conocidos básicamente por su tenaz insistencia y con ello, a la vez, postergan los asuntos de aquellos otros justiciables que, cargados de razón, no pueden pagar la minuta de un letrado inasequible al desaliento, lo que no significa, precisamente, que esté jurídicamente muy cultivado.

En definitiva, además, de las tan publicitadas como reiteradas, “Reformas de la Justicia”, que, desde Las Siete partidas y de D. Manuel Alonso Martínez, nadie ha sabido culminar, hace falta que nuestra cultura judicial, y también la jurídica (por citar dos ejemplos de incitación legalizada a la querulancia; artículo 1105 del Código Civil o 541 del Código Penal) gire en 180 grados a fin de que el Acceso a la Justicia sea un camino libre de incómodos estorbos y prolongadas esperas. Y, si la “cultura de la queja” se ha asentado en la sociedad española, ello no implica que la Justicia, irremediablemente, la tenga que asumir e, incluso incorporar, como un valor positivo. Todo lo contrario. El querulante, que todos conocemos, no solo sobra sino que también perjudica enormemente la labor de la recta Administración de la Justicia, como un personaje que sólo viene a desgastar el filo de la espada o a distraer la inexistente mirada de los ojos de la Diosa Themis. Y que, a la postre, perjudica gravemente a aquel honrado ciudadano que acude, legítimamente, a pedir ambos auxilios para el ejercicio o el restablecimiento de su convivencia, alterada por cualquier intrusión en el ámbito de sus Derechos. Y lo que es peor de todo, que, a menudo, cuando ese ciudadano llama a la puerta de la Justicia, obtiene por única respuesta un “vuelva usted mañana, que estoy resolviendo pueriles conflictos o enfermizos empeños”, sin obtener, inmediatamente, la ansiada protección de la ya mellada espada o de la ya desquiciada imparcialidad, que son dos de los tres argumentos de la Justicia, figuradamente hablando. Y, en ocasiones, para colmo, cuando le llegue el turno va a recibir esa Justicia con los mencionados deterioros, en forma, por ejemplo, de resolución nada motivada.

A todo ello ha contribuido tanto un Legislador (que para admitir una iniciativa popular legal exige 500.000 firmas) como tantos Ministros que, en su megalomanía, sólo saben de macro estadísticas y de las Grandes Reformas eternamente inconclusas. Y a ello, también, contribuye la formación y correspondiente actuación del humilde Juzgador que sólo entiende de la justicia con minúsculas, la que radica en cada resolución, y no vislumbra la Justicia con mayúsculas que radica en la fortificada Posición Legal que se le ha otorgado para que la administre equitativamente (como exige el tercer argumento de Themis; la balanza) entre todos y cada uno de sus conciudadanos.

Esta líneas, para nada, pretenden cerrar el paso a una multitud de Justiciables, solo a una ínfima minoría que son los querulantes y ello, porque, claro está, que no hay que olvidar que todos, cuando nos imputan infracciones, estamos sometidos al Imperio de la Ley, que tan sólo queda limitado por el Imperio de la Razón.

Vº.- CONCLUSIONES.

Como decía “El País”, el querulante no es ni figura carnavalesca ni carta del tarot, es un mal tan endémico que casi está asumido como un elemento propio de la Justicia Española. Es un grave problema que, por decir algo, ocupa entre un 5% y un 10% de los quehaceres de la Administración Pública de la Justicia; cifra ésta tan peligrosa como carente de todo rigor, pero que, tal vez, viene a coincidir con el número de detenidos que, una vez que han prestado declaración ante el Juez de Guardia, quedan en libertad sin cargos o con el número de demandas o querellas a las que los Jueces están acostumbrados a poner fin, tras un inconsecuente desistimiento.

Nos encontramos ante una situación anormal que la Justicia no tiene que resolver, (no, no me confundo, para nada la Justicia habrá de resolver, por sí misma, el acoso querulante) pero está obligada a conocer y detectar adecuadamente, para actuar en consecuencia y advertir, para limitar así, sus devastadores efectos.

Evitar al querulante, desde la mas rotunda convicción, no es labor ni de la Justicia ni del Juez; es una estricta labor, una específica competencia del Legislador y un imperativo deber, que mediante leyes actualizadas logre, conociendo y analizando el problema, ponerle coto, siempre, repito, por imperativo legal y nunca mediante la discrecionalidad judicial. Y es que es evidente que el “Acceso a la Justicia” es un Derecho Fundamental imposible de someter al criterio individual de cada Juzgador pero, por el contrario, la “Ocupación Abusiva de la Justicia” que se produce, en demasiadas ocasiones, en España, es algo que tiene que venir legalmente moderado por una reforma legal mucho mas inteligente, urgente, necesaria y útil que la creación de unas docenas de nuevos Juzgados a la que los sucesivos Ministros de Justicia nos tienen acostumbrados, al principio de cada Año Judicial, que, por otro lado, invisiblemente, para algunos ciudadanos, se configura como una “apertura de la veda” para la captura de inútiles resoluciones judiciales.

RAMÓN MACIÁ GÓMEZ
Magistrado Jubilado
iuris@ramonmacia.com

ELEMENTOS Y PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL DAÑO MORAL

Iº.- INTRODUCCIÓN.

En derecho, frente a lo que se hace en otras disciplinas, se distingue entre daños patrimoniales y daños morales, esto, además de constituir una equívoca dualidad de conceptos, tiene importantes consecuencias legales dado que para su probanza o resarcimiento se hace uso de metodologías y sistemas diferenciados. Ello provoca que los Juicios en los que se reclaman ambos tipos de daños puedan, en ocasiones, caracterizarse por su dilación y complejidad; todo ello en contravención de lo que debería ser una Justicia efectiva y útil para la ciudadanía. La diferencia fundamental entre ambos tipos de daños radica en la muy diferenciada capacidad que el dinero tiene, en uno y en otro caso, para restaurar la utilidad perdida o deteriorada por daño. Resulta así, en esencia, que:

a) el daño patrimonial provoca una supresión o disminución de las cualidades de ciertos bienes que es, con facilidad, compensable con dinero o con bienes intercambiables por dinero, mientras que

b) el daño moral, por el contrario, implica una reducción del nivel de facultades, opciones, valores u oportunidades personales e íntimas, que ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a reparar. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. En estos casos, el dinero va a servir como sistema compensatorio, que no lucrativo.

En Derecho Penal el daño se contempla como un delito cuando alguien los causa en propiedad ajena y si su actuación

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no está penalizada por otro motivo. En concreto el artículo 109. 1º del Código Penal dice que; “…la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados…” y más concretamente el artículo 263 de dicho cuerpo legal define como delito la conducta del; “…que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código…si éste excediera de 400 euros…”.

En el Derecho Civil el daño se puede definir como toda minusvaloración de los bienes jurídicos de una persona y se puede clasificar en:

a)     daño emergente que hace referencia a la disminución patrimonial directa derivada de la actuación dañosa,

b)    lucro cesante que se refiere a la ganancia dejada de obtener por ella, la pérdida de algo que habría llegado a formar parte del patrimonio si el evento dañoso no se produce y, también, se reconocen los llamados

c)     daños morales que son los que lesionan los derechos derivados de la personalidad.

Por ahora, en esta introducción, fijemos tres conceptos, que nos guiarán en el resto de nuestra exposición:

1º.- El daño, la pérdida, el deterioro, la lesión el agravio o el menoscabo que sufre la persona bien en su patrimonio o bien en su personalidad o estructura física o moral, o en sus derechos o facultades, siempre puede ser objeto de apreciación económica. Esta ha de ser, siempre e inexcusablemente una premisa ineludible de la responsabilidad civil.

2º.-El daño patrimonial es la lesión causada a los bienes materiales, fungibles, perecederos y comunes por la acción de un tercero; es un perjuicio ocasionado en el patrimonio de un tercero, reparable, retribuible o compensable.

3º.- El daño moral es aquel daño que causa una lesión a la persona en su armonía psíquica, en sus afectos, en su autoestima o heteroestima, deteriorando o menoscabando aspectos de la Personalidad y de la Dignidad del que los sufre, como, por ejemplo, la salud, la libertad, al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, que son de difícil probanza, evaluación y reparación.

IIº.- LA DEFINICIÓN DEL DAÑO MORAL.

IIº.- Iº.- GENERALIDADES.

La figura legal de “Daño Moral” tiene su origen en la doctrina francesa, bajo la denominaron de “Domages Morales”. El concepto de “Daño Moral” se refiere a un detrimento, perjuicio, deterioro o menoscabo generado por un acto o una conducta de un tercero en el ámbito de las cualidades morales de una persona, es decir, cualquier deterioro de sus legítimos derechos, de carácter no estrictamente patrimonial. El daño moral sería todo aminoramiento en la suma de los elementos psíquicos que inciden en el equilibrio emocional y en el normal desarrollo espiritual del ser humano y se extiende a todo agravio que incide peyorativamente en la dignidad, honorabilidad, integridad física o cualquier elemento que pueda alterar la normalidad psíquica o espiritual de una persona. El daño moral seria el dolor, la angustia, la aflicción psicológica y los padecimientos provocados a la victima por el evento dañoso, como, también, es una modificación en el desarrollo de su capacidad de entender, querer o sentir y que se deteriore o perjudique.

En cuanto a la naturaleza jurídica del daño moral es considerado totalmente subjetivo, es decir que depende del grado de reacción que pudiera ocasionar al sujeto en cuanto al estado psicológico del mismo. La jurisprudencia francesa ha establecido que daño moral, es el dolor sufrido por una persona como consecuencia de un hecho ilícito de que es víctima pero que carece de toda repercusión patrimonial aunque implicará cierta disminución de los atributos o facultades morales de quien sufre el daño. La jurisprudencia argentina pronuncia que daño moral es la privación y disminución de aquellos bienes que se pueden valorar como elementos integradores de la persona, como podrían ser la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad individual que constituyen sus más gratos afectos. Más concretamente y, como dice la jurista argentina Marta Isabel Díaz;“…a los fines de la fijación del quantum del daño

moral se tiene  en cuenta  el  carácter  resarcitorio  de  este  rubro, como  la  índole del hecho generador de la responsabilidad, y la entidad del sufrimiento causado, que no siempre tiene que necesariamente  guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio de este…”. Para otros, se considera que daño moral es el que proviene de un hecho ilícito que ofende, no a los derechos patrimoniales ni a la persona física, sino a la “Personalidad” y a la “Dignidad” moral del damnificado, hiriendo sus sentimientos legítimos o bienes no económicos de los que integran; lo que generalmente se denomina patrimonio moral de una persona. Otros criterios jurisprudenciales dictaminan, que daño moral es cualquier inquietud o perturbación al ánimo, originados dentro del ámbito de un mero perjuicio patrimonial, no siendo “Daño Moral” las molestias, aflicciones, fatigas, etc., por lo que no se ampara o justifica la reparación del daño moral según estas corrientes jurisprudenciales. Nosotros no podemos compartir este último criterio, que resulta ser más residual que hegemónico en el ámbito del Derecho Comparado, al respecto.

Vista la íntima relación entre Daño Moral y Personalidad y Dignidad, pasemos a estudiar, escuetamente, ambos conceptos.

IIº.- IIº.- LA PERSONALIDAD Y LA DIGNIDAD.

1º) LA PERSONALIDAD. Debemos entender por “personalidad” la estructura de pensamientos, convicciones, creencias, opciones, actitudes y conductas que, cada persona de forma exclusiva, adquiere, genera, mantiene y desarrolla, sin apenas fundamentales variaciones, a lo largo de su vida y, por ello, desde cualquier concepción jurídica resultará necesario admitir que :

a) la personalidad es un atributo no originado, sino tan sólo reconocido por la norma legal,

b) el derecho tan sólo puede dotar de personalidad a aquellos seres que provienen de la realidad y, a este respecto, el artículo 30 de Código Civil dice que; “…para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviera figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno…”.

c) el Derecho nunca puede privar a nadie de su personalidad.

La personalidad se configura, jurídicamente, como un valor espiritual y moral inherente a la persona, íntimamente vinculado a la libertad y a los derechos a la integridad física y moral, a la libertad de ideas y creencias, al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que, inexorablemente, implica la obligación legal de su respeto por parte de los demás. Y es que, en base a esta misma configuración de la “Personalidad”, que por lo que la misma deviene susceptible de ser deteriorada o menoscabada ocasionando, entonces, un evidente daño moral.

2º) LA DIGNIDAD. Junto a la Personalidad, y como elemento fundamental integrante de la misma, pero al tiempo con autonomía propia, encontramos el concepto de “Dignidad”. La Dignidad como la han definido, desde Platón (427 a.c.-347 a.c.) a Immanuel Kant (1724-1804), es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación social, cultural y económica, así como de sus creencias, concepciones o ideologías.

Junto a la Dignidad, se sitúa el Honor, como aspecto parcial de la misma, que se traduce en que, careciendo de todos los datos de otro semejante, necesariamente tenga que ser valorado de modo positivo, pues forma parte del género humano. El honor, en realidad, no es más que el desarrollo de la dignidad mediante la ejecución de determinadas conductas. Gráficamente, el honor es una herencia de la infancia, cuando carecemos de datos y el mundo carece de nuestros datos.

El Doctor en derecho y filosofía Rudolf Stammler (1856-1938), de cuyas ideas era firme partidario el español Giner de los Ríos, elaboró una serie de principios relativos a la configuración jurídica de la Dignidad, que se resumen en cuatro y se agrupan en dos clases, a saber:

1º) Principios de recíproco respeto:

a)     los fines morales y los valores éticos de una persona no pueden quedar al arbitrio de otro y

b)    la exigencia de dispensar un trato a toda persona con la debida dignidad.

2º) Principios de la participación:

a)     una comunidad, un ámbito social, nunca podrá rechazar a nadie en base a criterios inmotivados y

b)    la capacidad jurídica de cada persona siempre deberá ser ejercida con dignidad.

Para Luís Recasens Siches (1903-1977), dos son los ejes de la dignidad humana, a saber:

  • el derecho a la vida y

  • la libertad individual.

Para él, el ser humano se diferencia de los animales, básicamente, por su dignidad personal y la idea de la libertad de la persona está implícita en la de la dignidad. Y así, dicha libertad, desde este particular punto de vista jurídico, consiste en “…hallarse libre de coacciones o injerencias indebidas, públicas o privadas…”.

Nosotros aceptamos, plenamente, las acertadas ideas jurídicas de Recasens Siches relativas a la dignidad humana. Resulta que, desde esta concepción jurídica, el deterioro, menoscabo de un tercero que siempre se puede traducir en un daño moral.

IIIº.-LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL DAÑO MORAL.

Por su propia definición como algo tan intrínsecamente específico, concreto y personal y tan ceñido a cada caso, resulta imposible definir y categorizar los elementos que integran el Daño Moral. Simplemente, ocurre que la situación fáctica que hace que el mismo se genere es a la vez lo que lo hace inclasificable. Dentro del daño moral cabe la pérdida de un ser querido, el involuntario cambio de residencia o el temor, infundado, a cierto suceso, por poner algunos ejemplos dispares y hasta diametralmente divergentes.

En la imposibilidad de contar con base de datos, baremos o tablas destinadas a prestar información al Juez, se pueden considerar, por lo menos, las siguientes pautas generales en las que se estructura, integra y tiene sus elementos esenciales, todo daño moral:

1.- El dolor físico.

2.- Un impacto psicológico determinado.

3.- El tiempo de convalecencia.

4.- Las consecuencias de la lesión física o psíquica, permanentes o temporales, parciales o totales.

5.- Las específicas condiciones personales de la víctima.

Esta concepción estructural del Daño Moral no resulta ajena a la perspectiva racionalizadora de la reparación del mismo, que se lleva a cabo en la Comunidad Europea, recordemos que, para establecer principios generales que estructuren el daño moral en los modelos

europeos, se dirige la mirada a la Dignidad de la persona humana, pues, este es el pilar fundamental de la legislación internacional y su reconocimiento supera las fronteras continentales para convertirse en una base con solidez transnacional. Por ejemplo, el Código Civil Italiano, reconoce la existencia del daño biológico, tratado como una lesión a la integridad psicofísica, reconociendo la dualidad indivisible de la persona, en cuanto se compone de parte física y de una parte psíquica.

Sin embargo, para nosotros y en este escrito, nos va a resultar mucho más factible y práctico no recurrir a enunciados teóricos sino, simplemente, señalar los elementos por los cuales se exterioriza el daño moral y así lograr, si no describirlo, al menos, obtener, y ello es lo que debe buscar el jurista, un medio objetivo que acredite su existencia y, más tarde, su cuantificación en términos de reparación, restitución o indemnización. Y es que el artículo 217, relativo a la “Carga de la prueba” de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que “…1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones… …2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención… …3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior…”.

Hechas estas advertencias vemos que el daño moral siempre se incardina en alguno o varios de los factores que ahora reproduciremos y que confirman y acreditan no sólo su existencia sino que también son medios probatorios útiles, capaces y hasta suficientes para tasar su correcta valoración. Son elementos que normalmente exteriorizan la existencia de un daño moral, los siguientes:

- el sentimiento de ausencia, de nostalgia, respecto a una persona apreciada,

- el sentimiento de ausencia, de nostalgia, respecto a un objeto apreciado,

- la ausencia, la carencia, de una aptitud física evaluable,

- el sentimiento de ausencia o carencia de una aptitud psíquica evaluable,

- la sensación, real o no, de la perdida de una expectativa,

- la limitación de las expectativas sociales ya adquiridas,

- las infinidad de repercusiones físicas o sicosomáticas, de toda índole,

- la sensación, duradera, de inseguridad,

- el sentimiento de depresión de la autoestima,

- el sentimiento de la dignidad vejada,

- el sentimiento de la privacidad violada,

- los sentimientos de pena, vergüenza, culpabilidad o inferioridad,

- el sentimiento de incapacidad, subjetiva u objetiva, ante determinados eventos,

- las conductas compulsivas relacionadas con el daño sufrido,

- síndromes de ansiedad y/o ansioso-depresivos,

- alteraciones del sueño,

- consumo compulsivo o adicción a fármacos o drogas,

- la irrefrenable necesidad de demostrar la inveracidad de lo imputado,

- la imposibilidad para intervenir o debatir sobre determinadas cuestiones,

- todo tipo de deshonra o deshonor, público o particular,

- el aminoramiento de la garantía personal ante terceros,

- y, en general, cualquier efecto constatado que se vincule con la íntima confianza, la seguridad personal, la sensación del desintegración de la propia estructura personal. Dicho en otros términos:

A) un decrecimiento de la autoestima o de la heteroestima o,

B) un sentimiento de pena angustia o dolor e inquietud mental irreprimible, en la acepción más general de la palabra.

IVº.- LA VALORACIÓN DEL DAÑO MORAL.

En cuanto a la prueba del Daño Moral, se ha establecido, como ya hemos apuntado, que como todo Daño ha de ser probado por quien lo invoca como fundamento de la acción legal. Pero, surge la pregunta ¿qué es lo que se prueba? ¿Puede probarse la angustia, el dolor psíquico o moral de una persona, cuando resulta que se encuentran arraigados en lo más profundo del ser humano? Además, resulta patente que, aun ilustrando a cualquier Juez para que tome su decisión en base a pericias psiquiátricas o psicológicas, siempre cabrá un riesgo de caer en una apreciación subjetiva.

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La Jurisprudencia española mantiene que  determinar el monto de un daño moral es de muy compleja fijación ya que no se halla sujeto a baremos prefijados ni a especulación matemática alguna y, por ello, sólo cabe atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias de cada caso concreto. A este respecto, recordemos que el Acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2006 por el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (su contenido íntegro se puede encontrar en, http://www.coseju.com/actajudicial/continguts.php?id=188) relativo a la indemnización del “daño moral” escuetamente se limitó a determinar que; “…por regla general no se excluye la indemnización por daños morales en los delitos patrimoniales y es compatible con el artículo 250.1.6 Código Penal…”.

Dicho todo lo anterior procede ahora centrarnos en la difícil cuestión de los protocolos de valoración y tasación pecuniaria del Daño Moral, para, así, proceder a su adecuada reclamación o determinación judicial.

Para ello tenemos que tener, previamente y para cada daño personalizado, en cuenta los siguientes factores:

-                El nivel económico del que padece el daño moral.

-                La valoración, y la siempre difícil exteriorización y comprobación de esa valoración, del bien jurídico perjudicado.

-                El origen del daño moral.

-                El necesario espacio temporal para el restablecimiento de la normal actividad.

-                La intrínseca capacidad de cada uno para superar el perjuicio acaecido, de casi imposible apreciación.

Sólo a modo de ejemplo podemos transcribir el “Baremo del Precio del Dolor” que los Tribunales Franceses (estas baremaciones pueden ser consultadas en: www.minitel.fr o también en www.fnvictimesdelaroute.asso.fr.) crearon con íntima conexión a bases de datos estadísticos que pudieran servir como criterios o antecedentes comparativos a los jueces y a las partes procesales en la determinación del Daño Moral.

LA TABLA ES LA SIGUIENTE:
Afección, dolores                            Prettium Doloris. y molestias.
1.- Muy Leves                                  500 a 750 €.
2.- Leves                                          750 a 1800 €.
3.- Moderados                                 1800 a 4.000 €.
4.- Medios                                        4.000 a 6.000 €.
5.- Algo importantes                        6.000 a 12.000 €.
6.- Importantes                                12.000 a 18.000 €.
7.- Muy importantes                        18.000 y más €.

Esta tabla ni es axiomática ni tiene carácter imperativo en el Derecho Español, pero sí que pueden servir para guiar, tanto al abogado, como al Juez, por medio de la interpretación analógica, a la fijación de unas cifras indemnizatorias que, hoy por hoy, no siempre están sujetas a un criterio razonable o razonado.

Vº.- CONCLUSIONES.

Evidentemente con estas notas, para nada se ha querido interferir en la libre apreciación de las normas que rigen la relación jurídico-procesal, en lo referente a las indemnizaciones, dado que, como la práctica demuestra, en más de una ocasión se efectúan peticiones indemnizatorias, cifradas en cantidades dinerarias, en las que ninguno de los intervinientes en el proceso muestran punto de conexión o de convención, dificultando y prolongado, casi siempre en la segunda instancia, un tema que, metodológicamente, puede ser resuelto por todos y para todos, previa la asunción de la validez, como se ha hecho en la vecina Francia, de unos criterios comúnmente aceptados.

Por el contrario, tan sólo, hemos procurado delimitar y reproducir aspectos, siempre objetivos, relacionados con la muy difícil apreciación y resarcimiento del daño Moral, que los Tribunales, en muchas ocasiones fijan de forma casi aleatoria o que, en las demandas se evalúan en cantidades irrazonables e meramente sin criterio o sustento lógico o convincente. Para finalizar solo queremos dejar patente que el tema, al igual que se ha solventado el de la posición de garante, el del concepto de negligencia o la culpa por omisión, es una asignatura pendiente de aquellos juristas que en su toga muestran bordadas puñetas blancas.

RAMÓN MACIÁ GÓMEZ

Magistrado Jubilado

Octubre de 2009

iuris@ramonmacia.com



Un español habla de su tierra.

(Una opinión, robada a Cernuda, sobre la Ley de la Memoria Histórica)

Las playas, parameras

Rubio, durmiendo al sol,

los Oteros, Las Vegas

en paz, a solas, lejos;

Los castillos, ermitas,

cortijos y conventos,

la vida con la historia,

Tan dulces al recuerdo.

Ellos, los vencedores

Sempiternos Caines,

de todo me arrancaron.

Me dejan el destierro.

una mano divina

tu tierra alzo en mi cuerpo

y allí la voz dispuso

que hablase tu silencio.

Estaba Solo Contigo,

Creyendo en ti sola;

pensar tu nombre ahora

envenena mis sueños.

Amargos son los días

Viviendo de la vida,,

Sólo una larga espera

Una fuerza de recuerdos.

Un día, tú ya libre

de la mentira de ellos,

me buscarás. Entonces

¿Qué ha de decir un muerto?

Luis Cernuda